La oposición venezolana desperdició este domingo una posibilidad única para medir fuerzas con el gobierno de Nicolás Maduro. Si como dicen sus voceros, dentro y fuera de Venezuela, los opositores cuentan con el favor de la gran mayoría de la población, ¿por qué no presentaron una candidatura única que, quizás, podría haberle abierto la puerta del Palacio de Miraflores y lograr, por vías institucionales, la tan anhelada “salida” del presidente Maduro? No lo hicieron, y la excusa fue que no existían garantías de honestidad y transparencia en el proceso electoral. Olvidaron, o prefirieron olvidar, la sentencia del ex presidente de Estados Unidos Jimmy Carter -un crítico del chavismo- cuando en el año 2012 dijo, en el discurso anual ante el Centro Carter, que «de las 92 elecciones que hemos monitoreado, yo diría que el proceso electoral en Venezuela es el mejor del mundo.» (https://actualidad.rt.com/actualidad/view/54145-jimmy-carter-sistema-electoral-venezolano-mejor-mundo). Por si lo anterior fuera poco en los 23 procesos electorales que se llevaron a cabo desde que Hugo Chávez asumió la presidencia en 1999 jamás se presentaron pruebas concretas de fraude ante el Consejo Nacional Electoral. Todo se redujo a airadas declaraciones y denuncias sin fundamento, mentirosas como las que estamos escuchando en estos días y que son recogidas y reproducidas ad infinitum por esa cloaca maloliente de lo que una vez fue el periodismo: los grandes medios de comunicación hegemónicos en América Latina, encargados de desinformar meticulosamente a la opinión pública.
¿Por qué desertaron del comicio, por qué no recogieron el guante que les arrojó Maduro? Fácil: porque ni ellos se creían sus propias bravuconadas. Sabían que no era verdad que la mayoría del electorado acompañaría a la oposición; eran conscientes de que por más protestas y quejas que suscite la crisis económica y las poco efectivas respuestas del gobierno el pueblo venezolano sabe muy bien que los opositores son la oligarquía, superficialmente aggiornada, que por siglos lo oprimió y despreció. Por eso en lugar de ir a las urnas se dedicaron a denunciar de antemano que las elecciones serían fraudulentas, un pretexto para evitar que su inferioridad numérica quedase registrada para siempre. En lugar de ello apostaron a la abstención, y a la «vía corta» para tumbar a Maduro por medios violentos y confiando en la eficacia destructiva de las presiones internacionales. Es la estrategia de «cambio de régimen» que Estados Unidos viene propiciando hace décadas. En línea con ésta la Casa Blanca se puso a la cabeza de esa ofensiva y le ordenó a sus peones latinoamericanos que lanzaran un ataque frontal contra Caracas. Para infortunio de la oposición, la abstención quedó muy lejos de la marca que esperaba para, de ese modo, deslegitimar el triunfo de Maduro. En realidad aquella es casi idéntica a la que hubo en Chile en primera vuelta presidencial del 2017, en donde la tasa de participación electoral también fue del 46 por ciento, y no hemos escuchado a ninguno de los publicistas y empleados de la derecha que dicen ser periodistas rasgarse las vestiduras por ello y cuestionar el triunfo de Sebastián Piñera. Pero una cosa es Venezuela y otra es Chile; la primera tiene la principal reserva de petróleo del mundo y Chile no.
Un índice comparativo de la representatividad presidencial, necesario para calmar las angustias de las buenas almas democráticas, lo ofrece el cociente entre los votos obtenidos por diferentes presidentes y la población electoral. Sebastián Piñera fue elegido presidente de Chile con el respaldo del 26.5 % del electorado; Juan M. Santos con menos todavía, el 23.7 %; Mauricio Macri, con el 26.8 %; Donald Trump con el 27.3 % y Nicolás Maduro, el domingo pasado, con el 31.7 %. O sea, que si se va a hablar del atropello a la democracia en Venezuela, como lo hace el Cartel de Lima, habría primero que mirar un poco estas cifras y entender lo que ellas significan. Pero la Casa Blanca no se inmuta ante nada. Fiel a lo que una vez le dijera a un periodista del New York Times el señor Karl Rove (en el 2003, cuando era el principal asesor de George W. Bush) «nosotros ahora somos un imperio y, cuando actuamos, creamos la realidad» (https://www.reddit.com/r/quotes/comments/8citkn/were_an_empire_now_and_when_we_act_we_create_our/), el gobierno de Estados Unidos creó la «realidad» de una dictadura para un gobierno que convocó a 23 elecciones en 20 años y que en las dos ocasiones en que fue derrotado reconoció de inmediato el veredicto de las urnas. La oposición «democrática» jamás reconoció sus derrotas y sumió al país en el caos y la violencia callejera en el 2013 y 2017. Pero Estados Unidos creó esa «realidad» y sus impresentables lacayos de Lima se movilizaron al instante para acosar al gobierno bolivariano y profundizar la crisis en Venezuela. No deja de ser una penosa tragicomedia que personajes tan desprestigiados como los miembros de esa banda pretendan darle lecciones de democracia a la Venezuela bolivariana. El gobierno argentino, presidido por un demagogo que prometió el oro y el moro en su campaña para luego incumplir todas sus promesas, y que además preside un gobierno cuyos principales figuras son millonarios que no repatrían sus fortunas convenientemente alojadas en paraísos fiscales porque no confían en la seguridad jurídica … ¡que brinda su propio gobierno!, amén de haber arrasado con la libertad de prensa y el estado de derecho; el gobierno de México, que en el sexenio de Peña Nieto contabilizaba 40 periodistas asesinados hasta enero de este año, y con un proceso político electoral corrupto hasta la médula por el narcotráfico y el paramilitarismo, con miles de muertos y desaparecidos y en donde los 43 jóvenes de Ayotzinapa son la pequeña punta de un gigantesco iceberg de 170.000 muertos y más 35.000 desaparecidos en los últimos diez años, sin que el hiperactivo secretario general de la OEA tomara nota de lo que para él, seguramente, es una nimiedad; el de Colombia, otro gobierno penetrado por el narco, con un presidente que ha saboteado el proceso de paz y asistido impávido a la incesante matanza de líderes sociales, aparte de su probada participación -como Ministro de Defensa- en los asesinatos en masa de la época de Uribe, los «falsos positivos» y las fosas comunes que siguen apareciendo a lo largo y ancho de Colombia; el gobierno de Brasil, presidido por un corrupto probado que fraguó un golpe de estado y usurpó la presidencia de ese país, y que cuenta con la raquítica aprobación de sólo el 3 % de la población y un 0.9 % de intención de voto. Estos son los personajes que tienen la osadía de vituperar al gobierno de Maduro calificándolo como una dictadura. No creo que ningún demócrata en el mundo debiera preocuparse por a opinión que puedan emitir sujetos con tan dudosas credenciales democráticas.
Pensando a futuro: con la re-elección de Maduro asegurada, con la Asamblea Nacional Constituyente a favor del gobierno, la casi la totalidad de los gobernadores y las alcaldías no puede haber excusa alguna que impida lanzar un combate sin cuartel contra la guerra económica decretada por el imperio y atacar a fondo a la corrupción (no sólo la que practican las grandes empresas sino también la que, desgraciadamente, está enquistada en algunos sectores de la administración pública) y combatir con fuerza las maniobras especulativas y el contrabando de los grandes agentes económicos locales, peones de la estrategia destituyente diseñada por Washington. Sería suicida ignorar que las penurias que está sufriendo la población venezolana tienen un límite. La menor afluencia a las urnas este domingo fue una señal temprana de ese descontento y de un peligroso acercamiento a ese límite. El gobierno, con el poder que acumula en sus manos, tiene que actuar sin más dilaciones en dos frentes: el político, para resistir una nueva e inminente arremetida del imperio, que puede llegar a ser violenta y que para desbaratarla será necesario profundizar la organización y concientización del campo popular. Y el frente económico, para resolver los problemas del desabastecimiento, la carestía, el circulante y la inflación. En una palabra: es preciso rectificar el rumbo y mejorar la calidad de la gestión de la política económica para evitar que las penurias del pueblo se conviertan en decepción y esta, de no mediar una solución a los problemas, en el hartazgo que abre las puertas de la ira y la violencia. Y, por favor, evitar por ahora enredarse en estériles discusiones sobre el cambio de la matriz productiva del rentismo petrolero y todo lo que lo rodea. Ese es un programa de cambio estructural que, con suerte, para concretarse se requieren quince o veinte años de continuidad política. Por lo tanto, hay que concentrarse en las tareas inmediatas, al menos por ahora. Los problemas económicos que afectan a la población y que debe resolver el gobierno son de cortísimo plazo, de hoy y mañana, de una semana a lo máximo. Si fracasara en ese empeño el futuro del gobierno de Nicolás Maduro podría verse muy seriamente debilitado y su estabilidad entraría en una zona de peligro inminente.