Desgastado el liderazgo por delegación del fantoche Juan Guaidó y agotada en la etapa la maquinaria del golpe de Estado contra el gobierno constitucional y legítimo de Nicolás Maduro, el pasado 11 de septiembre la administración Trump decidió iniciar una nueva fase de su política de «cambio de régimen» en Venezuela, y con apoyo de Brasil usó a Colombia para activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en la Organización de Estados Americanos (OEA).
Viejo instrumento del panamericanismo de guerra de Washington, el objetivo inmediato del TIAR será «multilateralizar» las sanciones coercitivas contra Venezuela en los campos comercial y financiero −incluido un posible bloqueo naval que interrumpa las exportaciones petroleras responsables de 95 por ciento de los ingresos del país sudamericano−, y/o la ruptura de relaciones diplomáticas, consulares y económicas de varios gobiernos derechistas del área.
Junto con el TIAR (Río de Janeiro, 1947), la OEA, cuya carta fundacional surgió en el marco de la novena Conferencia Internacional Americana (Bogotá, 1948), fue uno de los mecanismos para la «seguridad colectiva» interhemisférica utilizados por la diplomacia estadunidense en su lucha contra el «comunismo de Moscú» durante la guerra fría, como se llamó la confrontación política, ideológica y militar entre el Este y Oeste en la inmediata posguerra, tras la derrota del nazifascismo.
Como aparato estratégico intercontinental, el TIAR −calificado como el primer pacto de la guerra fría−, fue instrumentado por Washington para que cumpliera un papel similar al de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Europa occidental. A partir de 1948, en particular luego de la llegada del general Dwight D. Eisenhower a la Casa Blanca en 1953, EU abandonó la idea de exportar su «democracia» mediante estrategias reformistas y optó por políticas conservadoras y punitivas hacia América Latina y los países periféricos del «mundo libre».
El entonces secretario de Estado, John Foster Dulles, hizo de la seguridad militar y policial de corte contrainsurgente el primer punto de la agenda de Washington, y alentó el establecimiento de regímenes dictatoriales civiles y militares, procapitalistas y antizquierdistas en América Latina. En los hechos, el pacto de defensa mutua plasmado en el TIAR −la idea de «uno para todos y todos para uno»− significó la continentalización de un monroísmo de nuevo tipo que, según diferentes coyunturas y con sus respectivos puntos de continuidad y ruptura, ha sido sometido a constantes procesos de actualización y relaboración doctrinaria y estratégica por el Pentágono y el Departamento de Estado.
Ante la irrupción del socialismo en Cuba, la estrategia de John F. Kennedy consistió en alinear a los gobiernos autoritarios y dictatoriales de América Latina y el Caribe en su lucha contra el «Castro-comunismo», combinando la zanahoria de la Alianza para el Progreso con el garrote de la fracasada aventura mercenaria de Bahía de Cochinos.
Luego, bajo las dictaduras militares de «seguridad nacional», el neomonroísmo devino en «lucha antisubversiva», y tras la autodisolución de la URSS en 1989, adaptó su ropaje a la «guerra a las drogas» (sustituto del «fantasma comunista») y las guerras sucias y «de baja intensidad» (Granada, El Salvador, Nicaragua, Panamá), hasta la fase actual de «guerra al terrorismo» post-11 de septiembre de 2001.
Los 11 países que apoyaron ahora activar el TIAR −del total de 18 firmantes− fueron: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay y República Dominicana. Cinco países se abstuvieron: Costa Rica, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay; Bahamas se ausentó. Cuba fue excluida del TIAR en 1962 y México se retiró del TIAR en 2002. Venezuela, que con Bolivia, Ecuador y Nicaragua abandonaron el tratado en 2012, estuvo representada por un enviado de la oposición política.
La representante mexicana ante la OEA, Luz Elena Baños, dijo que es inaceptable usar un mecanismo que contempla la «fuerza militar» y subrayó que si bien México no es parte del TIAR, «sí está obligado a pronunciarse en contra del uso político que se pretende dar a lo que considera un delicado y controversial instrumento».
Categórico, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, rechazó la activación «espuria e írrita» del TIAR, y dijo que ese pacto es un instrumento de genuflexión por quienes quieren «legalizar» una intervención militar en la patria de Bolívar. El jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana calificó al TIAR de «anacrónico y falaz», y aseveró que es un subterfugio diseñado por EU para garantizar sus propios intereses hegemónicos en la región.
Así, el 14 de septiembre llegó a Bogotá el nuevo embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, experimentado operador de golpes suaves y rupturas secesionistas. Los antecedentes de Goldberg en la ex Yugoslavia y Bolivia, aumentan el riesgo de una balcanización de la frontera colombo-venezolana. Su misión podría ser acelerar el papel de Colombia como cabeza de playa para una intervención militar y paramilitar en Venezuela −incluido el montaje de «falsos positivos» y/o una operación de bandera falsa en la frontera entre ambos países, que vincule a las FARC/ELN con el gobierno de Maduro−, ahora bajo la fachada «legal» del TIAR.
Fuente: La Jornada