Los ataques armados de la policía en contra de la población civil, ocurridos los días 9 y 10 de septiembre, por la reacción de la población en contra del asesinato del abogado Javier Ordóñez acaecido entre la noche del 8 y la madrugada del 9 de septiembre, a manos de por lo menos cinco policías en la localidad de Engativa en la ciudad de Bogotá, dejaron como saldo final 13 civiles muertos de los cuales 10 se presentaron en la ciudad de Bogotá y 3 más en el la conurbada ciudad de Soacha.
Ya se sabe que el abogado Ordoñez fue brutalmente golpeado después de haber sido atacado con una pistola taser por dos uniformados que lo condujeron al Centro de Atención Inmediata, CAI, del barrio Villa Luz en dónde le propinaron nueve golpes contundentes que le ocasionaron la muerte. Fue llevado a la Clínica Santa María del Lago a donde llegó sin signos vitales. Un asesinato a manos de la policía en el cual habrían tomado parte cinco uniformados. Esta fue la causa inmediata de la masiva reacción popular en contra de la arbitrariedad y maltrato de los ciudadanos por parte de la Policía Nacional que se generalizó en toda la ciudad.
Según el informe de la Secretaría de Salud de Bogotá presentado el lunes 14 de septiembre en estos luctuosos hechos se presentaron 581 personas lesionadas, de las cuales 60 presentaron contusiones menores que no requirieron ser atendidas en instalaciones hospitalarias ( 34 policías y 26 civiles) mientras que 305 personas ingresaron a centros hospitalarios por la naturaleza de las contusiones. De estas personas lesionadas 75 lo fueron por armas de fuego y 43 con armas cortopunzantes.
64 CAIs fueron atacados por los manifestantes y hay evidencia por filmaciones realizadas por la población pero además por las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en los lugares donde ocurrieron los hechos, que muestran ataques de la policía de manera indiscriminada contra civiles y no solo contra las manifestantes sino contra civiles que circunstancialmente transitaban por las zonas donde ocurrían los enfrentamientos. En uno de dichos videos reproducidos por la Revista Semana se ve cómo dos agentes de la Policía salen de un CAI para disparar a la población sin que esta estación policial fuera objeto de ataque por los manifestantes. Pero se colige también que alguien allí dio la orden para que estos agentes policiales salieran a disparar sin que estuvieran siendo agredidos.
Hasta el momento de escribir estas notas no se sabe ni nadie ha asumido la responsabilidad por los graves hechos registrados. ¿Quién dio la orden de disparar contra la población civil? Si no hubo orden ¿por qué la policía actuó de la misma forma en la mayor parte de las localidades? Son las preguntas que aún no tienen respuesta. ¿Por qué se desobedeció la orden de la Alcaldesa de la ciudad Claudia López que había ordenado de tiempo atrás que los policías no deberían concurrir armados para controlar las manifestaciones y las acciones de protesta?
Lo que queda claro es que hubo una insubordinación de la policía en contra de la alcaldesa de la ciudad que en teoría es la jefa distrital de la policía en la ciudad, pero que en realidad obedece al ministro de la Defensa y al presidente de la República puesto que la Policía Nacional es un cuerpo centralizado. Y queda claro que en un Estado Democrático el ministro incompetente de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, debería renunciar o ser despedido lo mismo que los más altos mandos de la Policía Nacional. Pero esto no ha ocurrido.
Claudia López entregó el día viernes 11 de septiembre 90 minutos de grabaciones sobre los hechos ocurridos al presidente de la República, Iván Duque Márquez y al procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, exigiendo investigación sobre los hechos, para que se determinen responsabilidades. Hasta el momento esto no ha ocurrido y ni siquiera los cinco policías comprometidos en el asesinato de Javier Ordóñez han sido privados de la libertad pese al abundante material probatorio que circula y a las declaraciones de uno sus amigos, Wilder Salazar, testigo presencial de los hechos que narra la forma como fue agredido en las instalaciones del CAI de Villa Luz y que presento su testimonio a través de video en el debate de control político realizado este miércoles 16 de septiembre en la Cámara de Representantes.
Ante la evidencia que circula ampliamente por las redes sociales y por la información de la Alcaldía de las Cámaras de Video localizadas en los lugares en que se presentaron los hechos, el gobierno nacional por lo menos ya ha aceptado que Javier Ordóñez fue asesinado por agentes de la Policía Nacional pero no toma medidas ni en este caso ni en los otros 12 casos en que murieron civiles. Como ya se dijo, los agentes de la policía responsables directos del asesinato, siguen en libertad aunque se han desvinculado de la institución. Ninguna responsabilidad se ha establecido sobre los mandos policiales de la ciudad e incluso el mayor general, Hoover Penilla quien fue comandante de la Policía en la ciudad de Bogotá y hoy coordina las acciones de la policía frente a la pandemia ocasionada por la Covid-19, el en el nivel nacional, provocadoramente señalo que “Los policías no necesitamos que alguien nos ordene para hacer uso de las armas o de los elementos de servicio, nosotros analizamos las circunstancias y de acuerdo a ellos actuamos y respondemos individualmente”. Habrase visto semejante desfachatez sin que nadie en la institución ni el gobierno nacional se haya pronunciado frente a esta declaración.
La criminalización de la protesta social
Ahora bien el gobierno nacional trata de explicar y justificar la acción brutal de la policía nacional frente a los hechos documentados y registrados ampliamente por las grabaciones oficiales y de los ciudadanos. Miguel Ceballos Alto Consejero de Paz ha señalado sin mostrar ninguna evidencia que los ataques serían coordinados y que detrás de ellos estarían el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC y también dice que las bandas de microtraficantes en la ciudad. Este es un argumento traído de los cabellos. Aunque tienen presencia en la ciudad estas organizaciones extremistas jamás han tenido suficiente presencia en la ciudad como para explicar que se presentaran ataques en más de 64 lugares de la ciudad, muchas de ellas al mismo tiempo. Con ello se quiere justificar la represión y de paso criminalizar la protesta social como lo han hecho los gobiernos y el régimen durante los pasados 60 años en que siempre responsabilizaron a las FARC de estar detrás de las justas protestas sociales. Pero esta explicación convence a pocos.
Las explicaciones hay que buscarlas en otra parte sin negar que hay sectores absolutamente minoritarios, que aprovechan las protestas sociales, para provocar incidentes con la policía y para destruir bienes públicos y esto ocurre aquí pero también en todas partes, como se vio recientemente en Chile o en los propios Estados Unidos. Y la respuesta en un Estado Democrático no es atacar a bala a los manifestantes, esto ocurre en dictaduras no en democracia.
Que los movimientos sociales deban trabajar por aislar a estos sectores minoritarios y para excluirlos de las movilizaciones sociales es algo que está claro puesto que la presencia de la violencia en las manifestaciones y en las jornadas de protesta, debilita a los movimientos no solo porque los grandes medios de comunicación se dedican a mostrar los actos de vandalismo ocultando las causas que llevan a la gente a la calle a la protesta, sino porque inhibe a las mayorías populares que estando de acuerdo con los fines y objetivos de las protestas, en este caso concreto en contra de la arbitrariedad y brutalidad de las actuaciones de la policía exigiendo que cese la impunidad, que los responsables sean castigados y que se reforme a fondo la institución policial, sino que los inhibe para sumarse a las manifestaciones o protestas o bien por miedo a ser agredidos o porque están en desacuerdo con actos de violencia en las protestas. Esta es la razón por la cual hay que ganar la calle de manera pacífica y hay que excluir a los violentos de las mismas si queremos que ellas sean masivas.
El gobierno se niega a reconocer que lo que llevo a miles de personas a las calles y aún a la destrucción de los CAIs, es porque allí se cometen todo tipo de arbitrariedades se han violado mujeres, se tortura a las personas retenidas, se cometen todo tipo de ilícitos y la ira popular se descargó contra estos sitios que deben ser repensados y reformulados en una nueva estrategia de relación entre la policía y la ciudadanía. Hace mal el gobierno de Duque con tratar de ocultar las verdaderas causas del estallido social. Bogotá es una ciudad con múltiples problemas sociales, de exclusión y de arbitrariedad por parte de las autoridades que puede explotar en motines más o menos espontáneos como ocurrió este 9 y 10 de septiembre después que se detuvieran las movilizaciones iniciadas en el Paro Nacional del 21 de noviembre pasado.
La pandemia y el confinamiento decretado desde el mes de marzo, la crisis económica, la destrucción de más de un millón de empleos en la ciudad, la quiebra de pequeñas y medianas empresas, de restaurantes, discotecas, llevó a un desempleo superior al 20% que golpea principalmente a los jóvenes en donde la tasas de desempleo es del 30%. Las pírricas ayudas y las miserabilistas políticas sociales puestas en marcha por el gobierno de Duque han indignado a la población. Ayudas de 40 dólares mensuales para 3 millones de familias son en realidad un insulto ante las crecientes necesidades de la gente que observa cómo se otorgan estas limosnas a las mayorías mientras que se regala a los bancos 500 mil millones de pesos al permitirles invertir en papeles del Estado al disminuir el encaje bancario, se enteran que los bancos han recibido para sostener la liquides de la economía 40 billones de pesos mientras que el Gobierno solo ha invertido el 56% de los 25.6 billones de pesos del Fondo para la Atención de Emergencias, FOME, creado para atender la pandemia.
Y claro se entera porque sufre las consecuencias de ver que sus hijos no pueden seguir en la Universidad porque el gobierno se ha negado a garantizar matrícula cero para que ellos puedan seguir estudiando mientras que con largueza la ofrece un crédito a los dueños extranjeros de la aerolínea Avianca y que está radicada en Panamá para no pagar impuestos en Colombia, por 370 millones de dólares, qué sienten estos padres de familia sin empleo, sin ingresos y con la frustración de no poder apoyar a sus hijos, pues indignación, rabia, frustración. Este es el verdadero origen de las protestas que se van a multiplicar en las próximas semanas en la medida en que disminuya el riego del Coronavirus.
Así que además de una profunda reforma a la Policía que la desmilitarice, que la saque del ministerio de la Defensa y la ponga a depender del ministerio del interior, que acabe con el fuero penal militar para sus integrantes, que la depure de sus nexos en los territorios con las organizaciones de microtráfico y con las bandas armadas de ilegales, que las haga respetuosas de los derechos humanos y de las libertades ciudadanas, esas reformas de fondo así como los manuales para su formación y para promocionar dentro de sus filas a quienes protegen a los líderes sociales y no a quienes los matan, esas transformaciones ineludibles, estoy seguro no las llevará adelante este gobierno que ni se inmuta ni toma medidas para proteger a los civiles pero tampoco a los líderes que siguen siendo asesinados como tampoco pone remedio a las masacres que ya van en 56 en lo corrido del año y tampoco honra los acuerdos con la extinta guerrilla de las FARC que ha visto caer a 240 de sus integrantes desmovilizados, en el fondo porque sigue y cree que la solución de la protesta social es la criminalización de la misma, la represión, la militarización de la sociedad. Eso fue lo trino Uribe desde su cómoda reclusión en su hacienda de 1500 hectáreas, que ante la protesta hay que militarizar las ciudades y responder con mano dura. A ese reto es al que se enfrenta la movilización popular en Colombia.
Bogotá 17 de septiembre de 2020.
– Pedro Santana Rodríguez es Director Revista Sur