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Cuenta Oscar Wilde que el desinhibido Dorian Gray comete crímenes que no se reflejan en su rostro, sino en un retrato mágico que oculta. Todo acaba cuando perpetra su fechoría más repulsiva: fingir que es bueno, lo que hace insoportable al retrato porque le añade el rasgo nauseabundo de la hipocresía. A nadie sorprende que el imperio explote, robe, invada, asesine en masa: es su oficio, para eso está. Lo inmundo es que disfrace sus crímenes de legalidad.
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Nunca el Imperio nos asesina sin demostrar primero que lo hace para salvarnos de nosotros mismos. Desde hace dos décadas ensaya vías de hecho para impedir que los venezolanos dispongamos de nuestros recursos y nuestro destino: desde ofensivas mediáticas hasta golpes de Estado; de intentos de magnicidio a oleadas terroristas; desde latrocinio de nuestros bienes en el exterior hasta brutal bloqueo de comunicaciones y activos.
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Entérese: el Imperio quiere mejorar su retrato con acto de leso fariseísmo en el cual William Barr, Fiscal General del mayor país terrorista, mayor consumidor de narcóticos y mayor traficante de armas del mundo acusa al Presidente legítimo y a otros 13 altos funcionarios de Venezuela de “narcoterrorismo, tráfico de armas, lavado de dinero y corrupción”.
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¿Debe extrañar que el Imperio intente maquillar como legalista su monstruoso retrato? ¿O que no conozca los principios de legalidad que finge invocar?
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En efecto, en todos los países de la Tierra rige el principio universal de territorialidad, que el Código Civil de Venezuela adopta en su artículo 8: “La autoridad de la Ley se extiende a todas las personas nacionales o extranjeras que se encuentren en la República”. Ello implica, por argumento a contrario, que la Ley de un país no obliga a personas que no sean nacionales ni se encuentren en su territorio. En España, por ejemplo, Natalia Reus Martínez indica que “El principio de territorialidad puede definirse como aquél criterio que establece la aplicación con carácter exclusivo de la ley penal del territorio a todos los hechos delictivos que se cometen en el mismo. (…) Y, ciertamente, de este modo es posible señalar un significado positivo, coincidente con lo anterior, puesto que un Estado puede someter a su poder punitivo todas aquellas acciones que se cometan en su territorio, y otro negativo, en cuanto la consecuencia que produce la aplicación exclusiva de la ley penal nacional en ese territorio es la ausencia de la aplicación de la misma a hechos ocurridos más allá de esos límites, y asimismo, la negativa a la aplicación de la ley penal extranjera”. (http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Revista_FP&cid=1109168497099&esArticulo=true&idRevistaElegida=1109168491172&pagename=RevistaJuridica/Page/home_RJU&seccion=1109168469736).
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El que un Fiscal de Estados Unidos finja no conocer que las leyes de su país sólo pueden aplicarse a actos cometidos en su territorio, y ordene la captura de ciudadanos de otros países en el exterior, es prepotente intento de extender en forma ilimitada los poderes de la potencia del Norte a todos los habitantes del globo y desconocer la soberanía de los demás Estados del planeta, en flagrante violación del artículo 1 de la Carta de la ONU.
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Agrava la ilegalidad del acto el ofrecimiento de recompensa por captura de dichos funcionarios, lo cual da por sentada la incapacidad de las autoridades estadounidenses para efectuarla, rebaja a operación mercantil la supuesta justicia y constituye incitación a delinquir por ilegítima comisión de crímenes como el secuestro o el magnicidio.
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Refutemos las acusaciones del fiscal Barr, teniendo en cuenta que quien acusa es el que debe probar sus afirmaciones, y que su escrito no aporta ninguna prueba. En el informe de 2019 de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Venezuela ni siquiera aparece como país consumidor o productor. Pero de acuerdo con datos del mismo documento procesados por EOM según porcentajes de población, Estados Unidos es el primer consumidor mundial de heroína; el primer consumidor mundial de anfetaminas; el segundo consumidor mundial de marihuana, el tercer país consumidor de cocaína. Dicho informe calcula que de los 18 millones de consumidores de cocaína en el mundo, 38% son estadounidenses, y señala que de las 1.970 toneladas de cocaína producidas en 2017, 1.379 fueron elaboradas en Colombia, país ocupado por el ejército de Estados Unidos y la Drug Enforcement Administration. Si el Fiscal Barr busca narcotraficantes, debe rastrearlos en su propio país o sus instituciones. (https://elordenmundial.com./mapas/consumodrogas).
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Tampoco puede acusar a otros de tráfico de armas Estados Unidos, principal vendedor de muerte del planeta. En la década de los cincuenta, el presidente Dwight Eisenhower denunció que dicho país estaba dominado por el Complejo Militar Industrial. Según el informe quinquenal del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri), Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania y China venden 75% del armamento en el mundo. Pero “Washington superó en 36% al resto de los países como principal exportador de armamento a nivel global, mientras la producción de Francia representó 6,8% del total, Alemania contribuyó con el 6,4% y China con el 5,2%”. (https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-47490873).
En contraste, Venezuela ni siquiera figura en las estadísticas mundiales de producción o venta de armas.
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No puede incriminar a otros como terrorista Estados Unidos, que mantiene fuera de su territorio cerca de ochocientas bases militares cuyos efectivos son inmunes a las leyes locales, que ha destruido países pretextando falsamente que cometieron atentados u ocultaban armas de destrucción masiva, administra redes secretas de cárceles para secuestrados a los cuales humilla y tortura sin juicio ni condena, que asesta centenares de ataques de drones contra la población en Afganistán y Yemen, y mantiene agresiones y políticas de “asesinatos selectivos” contra dirigentes y particulares de países con los cuales no está en guerra. Venezuela no ejecuta ninguno de estos crímenes, y por el contrario es víctima de algunos de ellos.
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En fin, no puede acusar a otros de corrupción el país cuyas autoridades dicen ser incapaces de eliminar en su propio territorio la masiva comisión de los crímenes anteriores; cuyos legisladores legalizaron las “contribuciones” o sobornos que ellos mismos reciben para promover o desechar proyectos de normas en su Congreso.
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Antes de maquillar tu retrato, mírate en él.