En el marco de la actual ofensiva militar “antinarcóticos” del Pentágono en aguas del Caribe y el corredor terrestre de la porosa frontera colombo-venezolana, San Felipe, un caserío ubicado en el municipio de Machiques de Perijá, al noroeste del estado Zulia, podría convertirse en el epicentro de una operación de bandera falsa.
El 6 de abril, el periódico local La Voz de Michoacán y el sitio digital mexicano SinEmbargo.Mx reprodujeron una investigación de InSight Crime, con sendos sugerentes titulares: “La Sinaloa venezolana: el narco llegó para quedarse en los límites con Colombia”, decía el primero, y “Al pueblo ya lo llaman ‘Sinaloa’. Pilotos vienen y van. Hay fiestas y narcocorridos. Abundan pistas…”, rezaba el segundo.
En sus respectivos sumarios, los dos medios resumían los contenidos de la investigación: presuntos traficantes del Cártel de Sinaloa se habrían posicionado en el estado Zulia y llegan a las fincas de productores agropecuarios ofreciendo grandes sumas de dinero para que les permitan utilizar las pistas existentes o habilitar espacios para el aterrizaje y despegue de narcoaviones, según “testimonios” obtenidos por InSight Crime en “territorio venezolano”.
Fechada en Venezuela, la “investigación” de InSight Crime −un centro de estudios con sede en Washington D. C. patrocinado por el multimillonario especulador financiero George Soros−, fue publicada apenas una semana después de que el Departamento de Justicia de EU, de manera extraterritorial, acusara por narcotráfico al presidente Nicolás Maduro y a una decena de altos funcionarios y exfuncionarios venezolanos, y a cinco días del anuncio de Donald Trump del lanzamiento de un nuevo operativo militar naval antidrogas en aguas del Caribe y el Pacífico cercanas al país sudamericano.
Según la investigación, el “impacto” de la presencia de los cárteles mexicanos en “territorio venezolano” es tan grande, que el poblado de San Felipe ha sido “rebautizado” con el nombre de “Sinaloa”, en alusión a una “de las más célebres organizaciones criminales del país azteca”.
En rigor, alejado de los principios académicos y periodísticos que indican que una investigación debe estar basada en información veraz y contrastada que proporcionen fuentes legítimas, el “despacho” de InSight Crime tiene como objetivo dejar sembrada en la opinión pública la idea de que en el estado de Zulia existen “cerca de 400 pistas” de aterrizaje y salida de “narcoavionetas” con destino a las islas del Caribe y Centroamérica, y que el Cártel de Sinaloa, al que pertenecía Joaquín El Chapo Guzmán, las ha “adecuado” con “apoyo” del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de Colombia. Ergo, narcotraficantes mexicanos aliados con una guerrilla colombiana.
La “investigación” de la Open Society Fundations de Soros −apadrinada por los gobiernos de Gran Bretaña, Alemania y Suecia a través de sus embajadas en Bogotá− destaca, asimismo, que los municipios zulianos limítrofes con Colombia de Jesús María Semprún, Machiques y Rosario de Perijá, son los lugares “preferidos” para realizar intercambios “de cajas llenas de armas y dólares, por cargamentos de droga”.
El director ejecutivo y cofundador de InSight Crime, Jeremy McDermott, es un ex oficial del ejército británico veterano de los conflictos en Bosnia e Irlanda del Norte, quien ofició luego como corresponsal de guerra en los Balcanes y Medio Oriente, antes de instalarse en Colombia como corresponsal de la BBC de Londres y el Daily Telegraph, especializándose en narcotráfico, crimen organizado y el conflicto armado interno colombiano.
Lo insólito del caso, dada la experiencia de McDermott y de su codirector, Steven Dudley, ex jefe de la oficina del Miami Herald en la región andina, es que la “investigación” no cita ninguna fuente concreta. A lo largo del texto, las “evidencias” que confirmarían sus afirmaciones fueron obtenidas de “ganaderos entrevistados en la zona, cuya identidad será resguardada por seguridad”; “fuentes consultadas por InSight Crime en Machiques de Perijá”; “habitantes de San Felipe” (hoy “Sinaloa”); “testimonios obtenidos por InSight Crime en territorio venezolano” (sic).
Si bien reconoce que según los propios datos de la Administración de Control de Drogas de EU (DEA por sus siglas en inglés), “Venezuela no es un punto de tránsito primario para la cocaína con destino a Estados Unidos”, la presunta investigación insiste en que el Estado venezolano “viene cumpliendo un rol protagónico” en el tráfico internacional de estupefacientes ilícitos, y entre otras organizaciones dedicadas a ese negocio, habría despertado el “interés” del Cártel de Sinaloa.
Resulta notable, en la investigación, que hasta el último párrafo se alude de manera circunstancial al “flujo constante de cocaína colombiana” hacia el estado Zulia, cuando es público y notorio que los laboratorios de la droga están ubicados en la sierra de Perijá del lado colombiano y los traficantes bajan el cargamento a través de los ríos que se insertan en el territorio de la etnia wuayú, para enviarlo a su destino.
La única fuente citada en uno de los párrafos finales de la investigación, es Juan Pablo Guanipa, actual vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela,coordinador regional del partido opositor Primero Justicia (fundado por Henrique Capriles, Julio Borges y Leopoldo López) en el estado Zulia. InSight Crime cita una declaración de Guanipa a El Pitazo, donde manifestó “preocupación por la presencia de cárteles de droga en esa región”.
Para intentar dar credibilidad a la información, InSight Crime cita de manera parcial algunos incidentes que en su momento fueron divulgados por las autoridades venezolanas, como la neutralización e inutilización en agosto de 2019, por el Comando de Defensa Aeroespacial Integral (Codai), de dos aeronaves cargadas de droga (procedentes de Colombia), que intentaban surcar el espacio aéreo occidental de Venezuela y presuntamente eran del Cártel de Sinaloa, y el de un ex capitán de la Fuerza Aérea Venezolana, Gino Alfonso Garcés Vergara,quien según filtraciones de la Policía Antinarcóticos de Colombia y de la DEA a BLU Radio y Noticias Caracol, habría recibido del Cártel mexicano Nueva Generación, cerca de 500 mil dólares por entregar el código de ingreso aéreo de las aeronaves y no enviar los aviones de combatedel Codaia presionar el aterrizaje o derribar los narcoaviones.
¿El montaje de un falso positivo?
La investigación de InSight Crime reproducida en medios mexicanos se da pocos días después de que la administración Trump decidiera cambiar la “etiqueta” del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, de gobernante “ilegítimo” a abiertamente “narcoterrorista”. Y de que el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Robert O’Brien, declarara que la misión oficial de la operación antinarcóticos del Pentágono y las agencias de seguridad e inteligencia de EU en el mar Caribe y el Pacífico oriental es “reducir el soporte financiero para el narcotráfico que provee al régimen corrupto de Maduro”.
De acuerdo con el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de EU, en la operación −que revive la política del Gran Garrote y la Diplomacia de las Cañoneras de Theodore Roosevelt, reeditada por George Bush padre en la invasión a Panamá, en 1989− participan miles de elementos del Cuerpo de Guardacostas, soldados de infantería, del cuerpo de Marines, de la Fuerza Aérea, de las Fuerzas de Operaciones Especiales (Boinas Verdes) y agentes del Departamento de Seguridad Nacional, la Agencia Antidrogas DEA, del Departamento de Justicia, de la comunidad de inteligencia y del Departamento de Defensa.
En los últimos años el Pentágono le ha dado gran importancia a la lucha ideológica en el campo de la información y al papel de los medios de difusión masiva como arma estratégica y política. En ese contexto es clave la fabricación de una determinada percepción de la población y dominar la narrativa de cualquier operación, ya sea militar o de otro tipo, paga enormes dividendos.
En ese sentido, la “investigación” sin fuentes de InSight Crime reúne las características de lo que técnicamente se conoce como “Preparación de Inteligencia del Campo de Batalla”, y responde a los lineamientos de la Circular de Entrenamiento TC-18-01 de las Fuerzas de Operaciones Especiales del Pentágono sobre la Guerra No Convencional. Las FOE están integradas por unidades de élite, expertas en operaciones de guerra psicológica, actividades clandestinas, desestabilización, sabotaje, espionaje, ataques cibernéticos y asesinatos selectivos.
En momentos en que la humanidad lucha contra la pandemia del COVID-19 y Washington cree desmovilizadas a las fuerzas progresistas del mundo, de manera oportunista la administración Trump podría llevar a cabo una operación de falsa bandera que sirva como pretexto a una invasión militar.
Y en ese escenario, el caserío de San Felipe podría servir para montar un falso positivo que justifique la intervención de las tropas estadunidenses, con apoyo de mercenarios y paramilitares, en el largo corredor que, desde el Caribe y a lo largo de 2,000 kilómetros de frontera, hermana los estados colombianos de La Guajira, Cesar y Norte de Santander con los venezolanos de Zulia y Táchira.