La negociación de la deuda ocupa el centro de la atención del Ministerio de Economía de la Argentina y es considerada caso testigo en el ámbito mundial.
El país negocia con los Fondos Financieros tenedores de buena parte de una deuda en títulos por 66.500 millones de dólares. Al mismo tiempo, el ministro Martín Guzmán anuncia que empezarán las conversaciones con el FMI, con acuerdo o sin acuerdo de los acreedores privados, tendientes a discutir como reestructurar los vencimientos de una deuda por 44.500 millones de dólares desembolsados en el último tramo del gobierno Macri y cuyos vencimientos caerán en 2021.
En la argumentación oficial de la Argentina se insiste en la “sostenibilidad” del pago de la deuda, por eso dicen plantarse en la última oferta realizada a los acreedores. Claro que, entre la primera oferta a la última, el ahorro de fondos cae de un poco más de 40.000 millones a unos 25.000 millones de dólares. Incluso con la cifra mayor cuesta identificar la sustentabilidad de una deuda que a fines del 2019 totalizaba unos 323.000 millones de dólares y por ende solo se está negociando por ahora algo así como un tercio del total. Pretendemos enfatizar que la deuda pública de la Argentina es gigantesca y que no hay condiciones para cancelarla. El Ministro argentino argumenta que lo que importa es la “sostenibilidad” de los pagos futuros de la deuda, y no el acuerdo en sí mismo. Por eso sostiene una oferta que en principio parece ser rechazada por más del 65% de los tenedores de títulos, incluso les endosa a ellos el default y estira el horizonte de negociación sine die. El establishment privilegia el “acuerdo”, porque así el país puede volver al mercado financiero y así, con nuevos créditos, imaginan hacer sostenible la deuda.
Lo que demandan es habilitar el camino de nuevos préstamos para pagar viejos préstamos y hacer funcionar una calesita productora de intereses como forma de transferencia de riqueza social a pocas manos privadas. Hay una encerrona en el proceso actual de tratamiento de la deuda, sea que la noticia próxima señale acuerdo o no con los principales acreedores, sean los Fondos especulativos o en próximo tiempo el FMI. Existen problemas presentes y futuros si se acuerda, y en rigor, otros también si la decisión resulta en el default explícito, razón por la cual, la situación argentina está en la mira del acontecer económico y político, local y mundial. El nobel de economía 2001, Joseph Stiglitz, calificó a los acreedores de la deuda argentina como “recalcitrantes y miopes” que no ven que el problema no es solo el país, sino el “riesgo de que más de 100 países de ingresos medios y bajos no puedan hacer frente este año a sus obligaciones de deuda por más US$ 130 mil millones” pronosticando “Una crisis de deuda global empujará a millones de personas al desempleo y alimentará la inestabilidad y la violencia en todo el mundo”[1] Ahí está el debate. ¿A quién privilegiar ante la situación de emergencia sanitaria y de recesión agravada por el COVID19? ¿A los acreedores de la deuda, tenedores de títulos y préstamos o a los millones de afectados por la situación actual? Se trata de una situación grave, más aún si se observan los datos de la evolución de la actividad económica en todo el mundo, con los informes a la vista del segundo trimestre del 2020, con una profunda caída de la economía en los principales países del sistema mundial.
Traemos a colación a Stiglitz por el fuerte vínculo académico y político con el ministro de la Argentina. La Universidad de Columbia en Nueva York fue el territorio que cobijó el seguimiento académico de los problemas del endeudamiento y las reestructuraciones posibles, donde el caso argentino es testigo, pero en el plano de la política, el horizonte es una de las alternativas de salida a la crisis capitalista. Resulta evidente la asociación de ideas con las sugerencias de “Laudato Si” de Francisco y sus críticas al orden económico del capitalismo hegemónico, como la búsqueda de desalojo de Trump y los republicanos en la Casa Blanca, para otra orientación de la hegemonía capitalista. El imaginario apunta a recrear condiciones para un nuevo acuerdo, por lo que proliferan iniciativas vinculadas, caso de los demócratas y sus propuestas de “New Green Deal”, incluso las propuestas de una “nueva internacional progresista”. No es menor lo que está en discusión. Se trata de un marco de alianzas locales y globales para disputar el horizonte económico, social, cultural y político del capitalismo en tiempos de coronavirus y una profunda crisis recesiva que impulsa a millones de personas a la desesperanza o al “conflicto”, que en definitiva es lo que le preocupa, no para superar el capitalismo, sino para adecuarlo a un rumbo reformista que solo fue posible en condiciones de bipolaridad del sistema mundial, condición hoy inexistente.
Acuerdo si o no
La pelota se puede tirar para adelante, si en diciembre pasado la fecha límite para el acuerdo era marzo, ahora definida para principios de agosto puede seguir siendo prorrogada más allá durante el 2020, la incertidumbre global lo permite. En el inicio se pensó en tres años de gracia en la negociación y reestructuración con los acreedores privados, ahora licuados, lo que exige un plan de acumulación de ahorros y condiciones de generación de divisas para atender futuros vencimientos que caerán desde el 2021. Insistamos que la negociación involucra una parte relativamente pequeña de una deuda que carga vencimientos más pesados en el corto y mediano plazo, que en su conjunto son de incumplimiento ante la incapacidad de generar excedente económico, no solo por la especificidad local, sino por la situación mundial.
Hasta ahora hay postergación de vencimientos, con re-perfilamiento, eufemismo del default. Por eso financió el FMI, interés político mediante, asociado a la búsqueda de la reelección de Macri. Ahora, el FMI podría desembolsar el remanente del préstamo por 57.000 millones de dólares u ofrecer una nueva línea de crédito a cambio de un programa de estabilización de la economía, es decir, de ajuste. En rigor, aun con política social ampliada y elevación del déficit fiscal en torno al 10% del PBI, la realidad en términos de ingresos populares verifica un ajuste de proporciones inusitadas. Solo hay que pensar en el achique de la proporción del gasto salarial con relación al conjunto del gasto público, y en ese horizonte, los crecientes intereses de una deuda impagable. Las conversaciones con el FMI están atravesadas por estas cuestiones y asociadas a especulaciones sobre el nuevo gobierno de EEUU a definirse en noviembre próximo. Un futuro demócrata al frente de las riendas en Washington es mejor mirado por el tándem mencionado de la sociedad Stiglitz, Francisco y variadas propuestas de “nuevo acuerdo”.
Si hay acuerdo con acreedores, habrá que ahorrar y buscar divisas para cancelar vencimientos desde el 2021, lo que supone profundizar el rumbo de una economía orientada a la exportación. Por el contrario, el no acuerdo, supone demandas judiciales en Nueva York y problemas políticos con el poder mundial, sin perjuicio del accionar ideológico y propagandístico de “lobbistas” locales en los medios de comunicación, asociados claro a una oposición con peso en el Congreso y capacidad de movilización, como lo demuestra lo acontecido en el pasado 20/6, el 9/7 y pronto el 17/8, utilizando fechas patrias para reivindicar una política reaccionaria y en defensa de la propiedad privada de los medios de producción, situación clara y evidente en el caso Vicentin. Más ahora que el gobierno fue para atrás con el decreto de intervención y expropiación contra la gran estafa de la empresa del norte santafesino. Una presión por derecha que demora el ingreso del impuesto a las grandes fortunas para su tratamiento en el Congreso, mientras se avanza en la moratoria e incluso probables blanqueos. No acordar con acreedores generará mayor confrontación con el poder económico.
Hemos sostenido que no alcanza con no acordar o no pagar, sino que se requiere orientar la decisión en la voluntad de suspender los pagos de la deuda, realizar una profunda auditoria con participación popular y disputar consenso social amplio para una política de reestructuración, no de la deuda, sino del modelo productivo y de desarrollo, a contramano de la demanda del poder.
Nota:
[1] BAE del 31/07/2020, en: https://www.baenegocios.com/economia/Stiglitz-llamo-recalcitrantes-miopes-testarudos-y-de-corazon-duro-a-los-acreedores-de-Argentina-20200731-0035.html (consultada el 2/08/2020)
Fuente: Rebelión