Michelle Bachelet, la chilena que olvidó de dónde viene. Por Maurice Lemoine

Uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos… Publicado el 22 de junio de 2018, el informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH) volvió una vez más a Venezuela. Ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH), el entonces Alto Comisionado, el Príncipe jordano Zeid Ra’ad Al Hussein, un miembro de la dinastía hachemita, ex embajador en los Estados Unidos (2007-2010), pide la creación de una comisión internacional de investigación y pide un “mayor compromiso» por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) contra la represión llevada a cabo por las autoridades estatales desde 2014 – el año de la primera ola de violencia insurgente (las «guarimbas «) desatadas por la oposición. Si Caracas protesta ante una posición tan desequilibrada, nadie se sorprende de tal sesgo.

Aunque critica abiertamente a Donald Trump (y a los «populismos»), Zeid Ra’ad Al Hussein tiene reflejos muy similares a los del Departamento de Estado de Estados Unidos cuando se trata de América Latina. Así, cuatro días después de torpedear Caracas, saludará, el 26 de junio, a los cinco candidatos de las próximas elecciones presidenciales en Colombia, entre ellos los «uribistas»ⁱ[1] Germán Vargas Lleras e Iván Duque (el futuro elegido). Por escrito, todos se han comprometido a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. «Creemos que es la primera vez, en cualquier lugar, que cada candidato presidencial ha firmado un compromiso formal e inequívoco para defender los derechos humanos», dijo Zeid Ra’ad Al Hussein sin risas, fingiendo ignorar a qué movimiento político pertenecen Vargas Lleras y Duque; “se trata de un soplo de aire fresco en un mundo donde tantos líderes políticos han restado importancia o han incumplido activamente sus obligaciones de respetar el derecho internacional de los derechos humanos.”

Tres años después de la elección de Duque, tenemos una visión de la ineptitud de las palabras y, con el debido respeto, de los límites de ciertas declaraciones perentorias derivadas del prestigioso ACNUDH: el 8 de julio de este año, más de un centenar de organizaciones sociales y comunitarias colombianas, apoyadas por el arzobispo Darío Monsalve, de Cali, denunciaron la «venganza genocida» del gobierno de Duque contra los acuerdos de paz de 2016 y los sectores que los apoyanⁱⁱ. Ciento ocho de sus líderes y activistas fueron asesinados en 2019, 101 de enero a mayo de 2020, a los que hay que añadir, desde el final del conflicto armado, 219 excombatientes, desmovilizados, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Como todo tiene un final, se acaba el mandato de este muy relevante «Príncipe de los derechos humanos». Para reemplazarlo, a partir del 10 de septiembre de 2018, el Secretario General de la ONU António Guterres nombra a la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet. Teóricamente en las entipodas de su “ Alteza Real», ella es hija de un general de la fuerza aérea, Alberto Bachelet, que murió en prisión (marzo de 1974) como resultado de malos tratos y torturas por parte de los esbirros del general Augusto Pinochet, después del golpe de Estado militar del 11 de septiembre de 1973. ¿De qué lo acusaba la dictadura? Durante la presidencia de Salvador Allende, el General Bachelet fue nombrado jefe de la Oficina de Distribución de Alimentos, el equivalente de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) actualmente establecidos en Venezuela para reducir la escasez en los sectores de la clase trabajadora como resultado de la «guerra económica» (que Chile también estaba experimentando)ⁱⁱⁱ.

Ella misma estuvo encarcelada durante dos años antes de exiliarse. Después de su regreso, Michelle Bachelet hizo una buena carrera en el Partido Socialista de Chile: fue Ministra de Salud y luego de Defensa en los gobiernos del centrista Ricardo Lagos (2000-2006). Presidenta de 2006 a 2010, luego de 2014 a 2018, como parte de las coaliciones entre la centro-derecha y la centro-izquierda –la Concertación Democrática, bautizada luego la Nueva Mayoría– ha devuelto cada vez el poder a la derecha, como resultado de una política social tímida. Pero, encontrandose rodeada de jefes de Estado muy involucrados en la emancipación política y social de América Latina –Hugo Chávez y luego Nicols Maduro, Fidel y Raúl Castro, Lula da Silva seguido de Dilma Rousseff, Néstor y Cristina Kirchner, Manuel Zelaya, Rafael, Evo Morales, Fernando Lugo, Tabaré Vásquez y José «Pepe» Mujica, Daniel Ortega Salvador, Sánchez Céren, etc. – siguio traquilamente el movimiento. En 2014, durante la secuencia de las «guarimbas», no dudó en denunciar el intento de golpe de Estado de la oposición venezolana, liderada por los mismos líderes que hoy, contra Maduro.

Venezuela sigue estando ahogada, y constantemente, bajo la presión de la conspiración. El 4 de agosto de 2018, un mes antes de que Bachelet llegara a la ONU, un intento de asesinato contra Maduro fracasó por poco. El 19 de enero de 2019, a instigación de Washington, el congresista Juan Guaidó se proclamó presidente. El 30 de abril, acompañado por un puñado de soldados, intentó un golpe de estado. Económicamente, la administración Trump está intensificando las medidas coercitivas unilaterales, conocidas como «sanciones«.

Nunca ha oído hablar de este tipo de cosas… El 5 de julio de 2019, después de una visita de tres días a Venezuela, por invitación del gobierno, la nueva Alta Comisionada publica un devastador primer informe sobre la… ¡»represión de la disidencia pacífica«! Denuncia, entre otras cosas, 5.287 muertes atribuibles a las Fuerzas de Seguridad en 2018, presuntamente por «resistencia a la autoridad«. No es difícil demostrar que, en el mejor de los casos, ingenuamente, y en el peor de los casos como cómplice, ella participa en una campaña de desinformación a nivel mundial titulada «Crímenes contra la humanidad en Venezuela».

Este es el período durante el cual las grandes empresas multinacionales de derechos humanos están jugando codos para permanecer en la parte superior del hit-parade de los acusadores de Caracas. Cuando Amnistía Internacional denuncia (14 de mayo) «al menos 8.000 ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad entre 2015 y 2017», Human Right Watch (HRW), el 18 de septiembre, cuenta 18.000 desde 2016… Los medios de comunicación se están emocionando. Para ajustar mejor los hechos al mito, cada uno da un impulso a la realidad. Y, pereza o duplicidad, nadie se da cuenta de la magnitud de la manipulación. Ya sea que veamos los «informes» de Amnistía o HRW, nos damos cuenta de que sus espectaculares acusaciones no son verificadas y que son inverificables. En cuanto al informe leído por Lady Bachelet, quien se inspira y se hace eco de ellos, menciona: «La información analizada por el CDH indica que muchas de estas muertes violentas podrían constituir ejecuciones extrajudiciales». Condicional en todas las líneas, imprecisiones y aproximaciones en todas partes^iv.

El nombramiento de la expresidenta chilena como jefa del Alto Comisionado no tuvo sólo seguidores. A pesar de retirarse del Consejo Superior de Derechos Humanos en junio de 2018, suspendiendo su financiación, Washington, el maestro del mundo que todavía tiene un pie en la puerta, tenía otro favorito. Por lo tanto, la capital estadounidense advirtió claramente a la chilena que debe «evitar los errores del pasado». Comprender: especialmente con respecto a Israel, que es tratado con demasiada dureza, pero también a Cuba, Venezuela y Nicaragua, que no han sido suficientemente castigados. Gobiernos con los que, se señaló, aquí y allá, en un tono torpemente desaprobador, mantuvo cierta cercanía.

Influenciada en su conducta por la red de relaciones en la que se encuentra^v, la Sra. Bachelet pasó del Palacio de la Moneda (en Santiago) al Palacio Wilson (en Ginebra) dejando deliberadamente a un lado algunos principios.

En su informe de la 40a sesión, ciertamente mencionó que el oscuro panorama venezolano se verá agravado por las «sanciones impuestas desde Estados Unidos», pero se apresuró a añadir el gran clásico de adversarios, enemigos (o incluso, de observadores de la Revolución Bolivariana que no desean «mojarse»): «La crisis económica y social generalizada y devastadora» comenzó «antes de la implementación de estas sanciones». Exactamente lo que la internacional conservadora afirmaba cuando hablaba de la Unidad Popular de Allende, poniendo en el fondo la orden dada por Richard Nixon al Mike Pompeo de la época (un tal Henry Kissinger): «¡Haz gritar a la economía chilena!»

Si hay alguien quien, medio siglo después hace gritar de nuevo a los chilenos, es el presidente Sebastián Piñera. El país está experimentando su mayor movilización social desde el final de la dictadura del general Pinochet en 1989. Las protestas siguen a las protestas. Un formidable despliegue de policías, soldados y «carabineros» les responde. Resultados (en este momento): 22 muertos y 2.200 heridos (incluidas 230 mutilaciones oculares), 6.300 reclusos. Valientemente, la Sra. Bachelet toma la iniciativa: el 16 de noviembre, frente a los medios de comunicación, exige al gobierno de… Venezuela, que respete las manifestaciones «pacíficas» que se llevarán a cabo el mismo día bajo la convocatoria de Juan Guaidó.

El 18 de noviembre, cuando fue interrogada por una periodista en un foro en Cambridge, expresó su gran preocupación por la situación en su país. Sin embargo, añadió: » como Alta Comisionada, tengo que ser neutral, objetiva e imparcial». Su objetivo, dice, no es «definir responsabilidades», ya que Chile es un país «gobernado por el Estado de derecho», lo que significa esperar a lo que determine su sistema judicial. «No somos un Tribunal», concluye con cautela^vi. Obviamente, se trata de no desesperar a La Moneda.

Cuando, a mediados de diciembre, los investigadores del CDH enviados a Santiago por la Alta secretaria entregan su informe, denuncian a las fuerzas de seguridad chilenas en términos duros por su uso desproporcionado y excesivo de la fuerza. Sin embargo, afirman que no podían establecer «con certeza» más que la muerte de once personas, estando involucrados agentes estatales «en al menos cuatro casos»… ¡Cuatro casos! Lo menos que podemos decir es que no «hacen mucho peso» (siendo 26 el número final de muertos, uno se pregunta por quiénes veintidós de ellos fueron asesinados). En aras de una objetividad digna de elogio, los mismos funcionarios de la ONU mencionan la destrucción de la infraestructura pública y privada debido a esta violenta explosión social y se refieren a los testimonios de agentes de policía heridos durante las manifestaciones (2.705 según el Ministerio del Interior de Chile). Lo que no les reprocharemos aquí. Pero es algo que basta para dejar estupefactos en Caracas o Managua (que el CDH, alineada con Washington, también persigue con su ira) … Al igual que Jorge Valero, embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, las dos capitales denuncian regularmente «información procedente de fuentes de baja credibilidad» sin tener en cuenta nunca la información o las refutaciones proporcionadas por las autoridades.

¿Remordimientos tardíos (o pasajeros)? El 8 de agosto de 2019, la Sra. Bachelet expresa su profunda preocupación por las «consecuencias potencialmente graves» de las últimas sanciones estadounidenses sobre los derechos humanos del pueblo venezolano^vii. Sin cuestionarlas realmente: «Las sanciones son extremadamente amplias y no contienen suficientes medidas para mitigar su impacto en los sectores más vulnerables de la población». Además, estas últimas sanciones no se aplican técnicamente a «las transacciones relacionadas con el suministro de artículos como alimentos, ropa y medicamentos destinados a aliviar el sufrimiento humano», pero » aún corren el riesgo de agravar considerablemente la crisis para millones de venezolanos comunes y corrientes». Un tiro a la derecha, un tiro a la izquierda, la pelota en el centro: en principio, todo el mundo queda contento …

El 24 de marzo de 2020, la misma jefa de derechos humanos de la ONU pide la suspensión de las sanciones económicas contra países como Venezuela, Cuba, Corea del Norte, Birmania y Zimbabwe, tales «medidas unilaterales y coercitivas» atentado cntra los derechos humanos y el acceso a los medicamentos y equipos médicos necesarios para hacer frente a la pandemia de coronavirus. Sin embargo, una vez más, para evitar enojar a las potencias imperiales y sub-imperiales, inmediatamente matiza su punto. El 29 de abril, critica a Caracas por su «falta de transparencia» en… gestión de la pandemia Covid-19.

Es pintoresco, pero sobre todo terriblemente fuera de lugar. Mientras que los lanzadores de eslóganes profetizaron el apocalipsis en Venezuela, el país gestionó con eficacia el desastre sanitario. En ese momento, el número de difuntos no superó las diez personas. Por mencionar sólo un elemento de la estrategia implementada, más de 1.500 médicos cubanos viajan a las zonas populares del solo estado de Miranda – la capital Caracas – para localizar, testear y dirigir a los pacientes de Covid a los centros de salud. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) tiene acceso permanente a los resultados de diagnóstico.

Testeo masivo, contención generalizada… Si bien la nebulosa político-mediática utiliza todos los clichés disponibles para predecir (y para algunos, desear) lo peor para la República Bolivariana, donde la rápida progresión de la epidemia «amenazaría al resto de América Latina^viii” es (sin mencionar a los Estados Unidos) en Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Colombia que (desgraciadamente) el Apocalipsis está cayendo (¡amenazando a Venezuela!). Tanto es así que, a principios de mayo, la coordinación del Sistema de las Naciones Unidas presenta in situ pide permiso al gobierno de Maduro para estudiar su estrategia de lucha contra la pandemia, con el fin de transponerlo a otros países. Tanto es así que otro organismo de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), también acoge con beneplácito la política del gobierno bolivariano^ix.

Hay que ocultar estas alabanzas incongruentes: según la Sra. Bachelet, el gobierno de Maduro, además de su opacidad, aprovecharía la situación de emergencia para violar los derechos humanos.

Cada tres, cuatro o seis meses, desde el informe «intermedio» hasta el «actualizado», las acusaciones contra Caracas fluyen en chorro continuo^x. Por nombrar sólo algunas, Colombia no tiene derecho a tal privilegio porque está íntimamente ligada a Washington en la desestabilización de Venezuela. Un informe de 62 páginas, el 12 de junio de 2019, para denunciar doce (¡12! ¿estaremos soñando?) ejecuciones extrajudiciales; un desafío mucho más serio, en febrero de 2020, que enfurece mucho a las autoridades por su gravedad. Pero eso es todo. Esto, a pesar de que Bogotá prohíbe ahora la entrada en su territorio al relator del CDH, Michel Forst, quien ha hecho un trabajo notable en la no aplicación de los Acuerdos de Paz. En lo que se refiere a la Unión Europea, ésta no considera especialmente útil interpelar (por no hablar de «sancionar») al gobierno Duque (en términos financieros y políticos, la consolidación de la paz es sin embargo la columna vertebral de la cooperación de la UE con Bogotá).

En cuanto a Venezuela, se emite un nuevo documento «actualizado» -A/HRC/44/20- en la 44a sesión del Consejo de Derechos Humanos del 2 de julio de 2020. Sin contextualizar excesivamente, esta vez refiriéndose a las «sanciones» (sin nombrar a los Estados Unidos), la Alta Comisionada lamenta el hecho de que «las personas en Venezuela siguen sufriendo graves violaciones de sus derechos económicos y sociales debido a los bajos salarios, los altos precios de los alimentos, la persistente falta de servicios públicos, como la electricidad o el agua, la falta de combustible y el mal acceso a los servicios de salud».

Es comprensible que este tema por sí solo requiera nuevos desarrollos. Digámoslo muy (pero muy) sucintamente, que…

Por un lado, 6 millones de familias se benefician de productos subvencionados garantizados por el gobierno, a pesar de las enormes dificultades causadas por el bloqueo económico y financiero. Porque, por otro lado, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acaba de sancionar a una docena de compañías navieras por ofrecer sus servicios a la industria petrolera del «dictador Maduro«^xi, está presionando a empresas, armadores, compañías de seguros, autoridades portuarias de todo el mundo, empujándolas a alejarse de cualquier transacción con el país «paria». Desde 2017, muchas instituciones financieras han cerrado cuentas venezolanas, temiendo represalias de Washington por «lavado de dinero«. La empresa mexicana Libre Abordo declara su bancarrota, forzada por Estados Unidos a detener su actividad: el intercambio de alimentos y otros productos básicos por petróleo venezolano. Miles de millones de dólares en activos que Caracas posee fuera (Estados Unidos, Colombia, Europa) son simplemente saqueados por las pandillas de Trump y Guaidó. Desde el 22 de junio, la corte británica de Justicia está examinando a quién, entre Maduro y Guaidó, devolverá más de mil millones de dólares de oro almacenados en las arcas del Banco de Inglaterra y pertenecientes a Venezuela. El poder legítimo lo ha estado exigiendo desde 2018 (es decir, mucho antes de la invención del «presidente marioneta«) – y ahora más que nunca, por «razones humanitarias»^xii…

Todo esto, la Sra. Bachelet debería conocerlo, ya que a finales de abril el gobierno bolivariano pidió a las Naciones Unidas que actuaran como intermediarios y administraran esos fondos, destinados a la lucha contra Covid-19, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). A menos que, por supuesto, entre Nueva York y Ginebra las comunicaciones ya no funcionen.

Armas, robos a mano armada, secuestros por rescates y extorsión, asesinatos, drogas, enfrentamientos… En este país objetivamente en guerra, enfrentado además a una nebulosa de pandillas organizadas, vinculadas o no con el narco paramilitarismo colombiano, muy presente y activo en los estados fronterizos (Táchira, Zulia), el informe del CDH denuncia: entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2020, 1.324 personas fueron asesinadas en operaciones de seguridad, 432 de ellas por las Fuerzas de Acción Especial (FAES).

Nada de lenguaje diplomático huero. En el contexto de la violencia extrema y la descomposición resultante, Venezuela no es una excepción a una serie de deslices y «manchas». El 10 de julio, un grupo de intelectuales y activistas venezolanos y extranjeros, con innegable compromiso y trayectoria, llamaron la atención del presidente Maduro, del fiscal general Tarek William Saab y de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) hacia unos excesos de las FAES. Preocupados por no ceder a la «manipulación política» y al «maccarthismo infantil», se abstuvieron de utilizar tanto los informes de la oficina de la Sra. Bachelet como las cifras de la Fundación Monitor de Víctimas, una de las fuentes (con, entre otros, los “laboratorios” de la oposición Provea o Foro Penal) del gran bazar de derechos humanos. Sobre la base de las cifras del gobierno -362 muertos- y en nombre de la Revolución, pidieron un mayor control de esta unidad^xiii.

Sin embargo, tal constatación no implica que toda víctima de las fuerzas de seguridad sea el resultado de un «asesinato». A menos, por supuesto, que se haya probado, sobre la base de investigaciones rigurosas y documentadas, lo que no es absolutamente el caso – y que ha dado lugar a la enorme manipulación de 2019 sobre las «18.000 ejecuciones extrajudiciales» –razón por la cual, sin duda, frente a una diferencia abismal en las cifras, que saltan a la vista (siempre que los ojos estén abiertos), la Sra. Bachelet se ve obligada a mencionar con satifaccion «la disminución del número de homicidios»–.

Ciento diez personas, entre ellas sesenta y tres miembros de las Fuerzas Armadas, la Alta Comisionada Bachelet se inquieta públicamente, son «procesadas penalmente por delitos como traición, rebelión, incitación pública (?), conspiración, intento de asesinato (del presidente), terrorismo y financiación de actividades terroristas». ¿Esto es abuso? La Sra. Bachelet está en su papel cuando reitera los derechos a un juicio justo. Por lo demás, no es ningún secreto que Estados Unidos y el clan Guaidó han hecho numerosos llamamientos a un Pinochet de circunstancias y a las Fuerzas Armadas para que se vuelvan contra el presidente Maduro, y que algunos soldados, exponiéndose a la represión legítima, han cumplido la orden. Nadie olvida que, en mayo, como parte de la «Operación Gedeón», varias docenas de desertores intentaron entrar en el territorio desde Colombia para derrocar al jefe de Estado. Secreto a voces: incluso se firmó un contrato el 16 de octubre de 2019 entre Guaidó y una empresa mercenaria estadounidense –Silvercorp USA–para «capturar/arrestar/eliminar a Nicolás Maduro» ^xiv. ¿Significa esto que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU defiende a los opositores que violan las leyes existentes, el derecho internacional público y privado, las libertades, para reemplazarlos, incluso mediante el asesinato, por la ley de los más fuertes y los más violentos?

Continuando con esta misma lógica hasta sus últimas consecuencias, podemos preguntar: si, en 1973, el Presidente Allende hubiera detectado y neutralizado la conspiración del general Pinochet, hubiera detenido a los oficiales criminales y a sus cómplices civiles, ¿habría que haber condenado, en nombre de los derechos humanos, su encarcelamiento? ¿Habría que haber vociferado por la existencia de «presos políticos»? ¿O reclamado su liberación? El manejo de tales conceptos requiere precauciones. Porque, de haberlo hecho, Allende habría salvado su vida, impedido el golpe de Estado y sus decenas de miles de víctimas (asesinadas, torturadas y/o exiliadas), salvado de la muerte al general Alberto Bachelet y.… evitado los dos años de encarcelamiento de la joven Michelle, hija de este último.

Existen casos de tortura en Venezuela, como lo demuestra la muerte del teniente-comandante Rafael Acosta Arévalo, fallecido por malos tratos en junio de 2019, no más excusables en la «República Bolivariana» que en otros lugares. Pero aquí, de nuevo, el rigor se impone: «las alegaciones de tortura», como menciona la Sra. Bachelet, sin aducir detalles, no equivale a «tortura probada«, ni a práctica generalizada o política de Estado. Ya sea tomada en francés, inglés o español, la palabra «alegación» significa «afirmación, aserción, con o sin pruebas, posiblemente infundada, incluso falsa«^xv. Esto toma todo su sentido cuando conocemos el papel y la influencia de las ONG locales de derechos humanos que actúan como portavoces de la oposición radical, financiadas desde el extranjero (Estados Unidos y Unión Europea)^xvi.

Igualmente abusivo es el énfasis en las «alegaciones» (¡de nuevo!) de «desapariciones forzadas». En ciertas ocasiones, principalmente cuando se trata de crímenes que implican desestabilización o intento de golpe de Estado armado, las personas detenidas, civiles o militares, son mantenidas «incomunicadas», sin contacto con su familia o abogado, sin posibilidad de llamadas telefónicas, por un período de hasta tres días a un mes, o de cuarenta días en el peor de los casos. En derecho, en un país en paz (o incluso una víctima de agresión), el método puede ser cuestionado. Pero obviamente ello no tiene nada que ver con la práctica que surgió en América Latina en la década de 1960. Producto de la guerra sucia y luego de la Operación Cóndor en todo el Cono Sur, esta práctica afectó a unas 90.000 personas en unos 20 años. Los opositores políticos fueron secuestrados por fuerzas militares o paramilitares, encerrados en centros clandestinos, torturados y luego asesinados. Dado que los torturadores no dejan rastro de su ejecución, el destino de las víctimas sigue siendo desconocido para siempre.

La «desaparición» es obviamente diferente de la detención legal acompañada de un (más o menos legal) aislamiento, «porque en este último caso, si las autoridades mantienen a la víctima detenida, a veces sin querer informar el lugar, reconocen sin embargo que lo están deteniendo^xvii”.  Y en la Venezuela actual, se mantiene incomunicado por sólo una cantidad limitada de tiempo.

En el enunciado de su informe, la Sra. Bachelet, por supuesto, no menciona ningún nombre o lista de «desaparecidos» –y por una buena razón–. Pero en el contexto de la «guerra psicológica», la evocación de este crimen aberrante logra su propósito. Tomado por una comunidad de fanáticos de los medios de comunicación dispuestos a hacer cualquier cosa para demonizar a Venezuela, condiciona la conciencia colectiva que, de buena fe, verá en este país el equivalente a la «noche y niebla» argentina. Sabiendo que, de conformidad con el artículo 5 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, «la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen contra la humanidad, tal como se define en el derecho internacional aplicable, y conlleva las consecuencias de ese derecho». He aquí, entonces, que la «opinión pública internacional» es convocada a dar por sentada la comparecencia de Maduro ante la CPI.

Cuando, de nuevo, el 2 de julio de 2020, la Alta Comisionada critica el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) «sin el consenso de todas las fuerzas políticas», no especifica que, para que exista tal consenso, la derecha radical tendría que no oponerse a cualquier resultado pacífico de la crisis y no ponerse deliberadamente fuera del juego. También olvida que, de cara a las elecciones parlamentarias del próximo mes de diciembre, esta designación de la CNE por la Corte Suprema de Justicia (TSJ) es el resultado de un acuerdo entre la oposición de la derecha moderada y el chavismo -la mayoría, pues juntos, en la Asamblea, pusieron en minoría, a principios de enero de 2020, a los «ultras» de Juan Guaidó.

En resumen, como lo hicieron la extrema derecha chilena, la burguesía y la Democracia Cristiana en 1973, la Sra. Bachelet apoya ostensiblemente el campo «golpista» promovido por los Estados Unidos.

Cambiemos ahora de perspectiva: la muerte de George Floyd, el hombre negro de 40 años asfixiado durante su arresto el 25 de mayo en la «tierra de la libertad». En nombre del ACNUDH, la Sra. Bachelet expresa su desaprobación: «Las voces que piden el fin de los asesinatos de afroamericanos desarmados deben ser escuchadas. Las voces que piden el fin de la violencia policial deben ser escuchadas. Y las voces que piden el fin del racismo endémico y estructural que está asolando la sociedad estadounidense deben ser escuchadas^xviii”. Pero al mismo tiempo… «Como he dicho antes, la violencia, el saqueo y la destrucción de bienes y barrios no resolverán el problema de la brutalidad policial y la discriminación arraigada. Reitero mis llamamientos a los manifestantes para que expresen pacíficamente sus demandas de justicia (…) ». De esta última observación resulta que, en el territorio de los Estados Unidos, la violencia de los manifestantes debe ser prohibida. ¿Por qué no reclama la misma exigencia cuando se trata de agitadores violentos que a veces se expresan con munición real, en Venezuela o Nicaragua?

En una reunión de emergencia convocada después de la muerte de Floyd y las protestas masivas que siguieron, los países africanos presentaron una resolución en la que pedían el establecimiento de una comisión internacional de investigación independiente para arrojar luz sobre el «racismo sistémico» en los Estados Unidos. Un poco excesivo, ¿no? Debates, negociaciones, edulcoraciones. Por lo tanto, el 19 de junio, frente al Consejo, la Sra. Bachelet denunciará el «racismo sistémico» y pedirá una «disculpa honorable» por los siglos de opresión de las poblaciones negras, con «excusas oficiales» y «reparaciones», pero todo ello, muy sutilmente, sin mencionar a los Estados Unidos.

Sobre todo, no dejar que la sopa se enfríe… Tan pronto como terminó de leer su informe sobre Venezuela el 2 de julio, la Sra. Bachelet anunció uno nuevo para el 15, esta vez con un hors d’oeuvre, el sistema judicial, y, como plato principal, la explotación del Arco Minero del Orinoco (AMO).

No hay sorpresas, entonces, en la fecha programada^xix. La Alta Comisión expresa su preocupación por la «falta de independencia judicial» en Venezuela y afirma que «las consideraciones políticas prevalecen sobre las determinaciones jurídicas», tomando como primer ejemplo las decisiones adoptadas contra la Asamblea Nacional, declarada «en desacato» (ultraje a la autoridad) y por ello, considerada jurídicamente en estado de ilegalidad. A riesgo de repetirse, cabe recordar que esta medida fue adoptada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a finales de 2015 debido a que la Asamblea había tomado juramento a tres diputados opositores acusados de fraude electoral, lo que condujo a la reversión sistemática de todas sus decisiones. No tener en cuenta o simplemente mencionar tal hecho hace que la continuación del argumento sea particularmente dudosa desde el principio, lo que nos lleva a creer que sólo constituirá una adición de clichés.

Y, ¿el Arco Minero del Orinoco (AMO)? Todavía se necesita saber qué es. El 24 de febrero de 2016, tras un proyecto del presidente Hugo Chávez, Maduro convirtió el AMO, ubicado en el estado de Bolívar, la parte amazónica de Venezuela, en una «zona de desarrollo estratégico nacional» de 112.000 km2 con el fin de explotar importantes yacimientos raros y estratégicos –oro, diamantes, coltán, cobre, plata– y diversificar la economía. Desde entonces, la implementación de esta política ha provocado críticas feroces por parte de «ambientalistas» nacionales y extranjeros y «ambientalistas» de última hora sobre el tema enarbolado a destajo: «Maduro destruye el bosque, saquea su oro, contamina sus ríos y asesina a sus indios^xx.” Dos o tres detalles pasan incuestionablemente al basurero en esta versión particularmente simplista del tema.

Especialmente por su oro, la zona ha sido explotada desde 1829 (Maduro no había nacido aún). En la década de 1970 (Maduro sólo tenía 8 años cuando ello comenzó) se vio que Minerven (empresa nacional), una serie de multinacionales y empresas pertenecientes a la clase dominante se reparten el pastel. Siguiendo sus pasos, una gran población está surgiendo y emprendiendo la actividad minera informal, conocida como «pequeña minería». Extractivismo salvaje, todo este hermoso mundo devasta alegremente una parte sustancial del «bosque virgen inmaculado» que se supone que existe hoy en día. Pillaje de la Nación. El oro es introducido de contrabando en los países vecinos. El área se convierte en un infernal Lejano Oeste donde prevalece la «ley de la pistola». Y nadie encuentra nada que decir. Y ninguna de las importantes ONG de «los derechos humanos a geometría variable» dice nada. No fue hasta 2016 y a raíz del decreto de Maduro que la «masacre de la Amazonía» fue repentinamente denunciada. Sin embargo, por primera vez en la historia venezolana, se están promulgando reglas claras: de los 112.000 km2 mencionados, sólo el 5%, en 23 áreas demarcadas (3.400 km2), dará lugar a explotación, que también estará «controlada»^xxi. Cuatro áreas «estratégicas» sustentan el plan: contribuciones a la economía nacional, seguridad, medidas sociales y protección del medio ambiente.

El 15 de julio, en nombre de la Sra. Bachelet, la Alta Comisionada Adjunta Nada Al-Nashif expresó su preocupación por el impacto de la actividad extractiva en el modo de vida de los pueblos indígenas y por las consecuencias ambientales que afectan a sus territorios. Algunas minas están controladas en gran medida por grupos criminales que explotan, golpean e incluso matan trabajadores, señala el documento de la ONU, que tiene como objetivo mostrar cómo estas pandillas -conocidas localmente como «sindicatos»- controlan un gran número de operaciones.

¡Qué extraordinario descubrimiento! Como si el fenómeno fuera nuevo y desconocido… Este es precisamente uno de los flagelos contra los que, desde 2016, al retomar el control del territorio, el gobierno ha comenzado a luchar.

Tomando sólo en cuenta la zona de El Callao (importante sector minero y el «municipio» más violento del país), una guerra permanente enfrenta a las autoridades contra los «pranes» (jefes pandilleros) El Toto y Zacarías. Al frente de 300 hombres, El Toto es responsable de múltiples crímenes, incluyendo el asesinato de un líder del partido opositor Primero Justicia, Rosaba Mara Valdez, en El Callao. En un enfrentamiento en la zona de La Anza (El Perú), el teniente Jess Manuel González Gómez fue asesinado el 26 de mayo de 2020. El mismo día cae en el sector Finlandia el funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Rafael José Blanco Molina. Un tiempo antes, el «empresario» Carlos Clarck fue asesinado a tiros en la mina Cuatro Esquinas por criminales que intentaban extorsionarlo. Casi al mismo tiempo, Luis Enrique Alvarado Rodríguez, propietario de un «molino» (planta de procesamiento de oro) y un oficial de policía del estado de Bolívar, José Ricardo Ramarez, fueron asesinados a tiros cerca de El Perú. A principios de abril, el teniente coronel Ernesto Solís León, comandante del Batallón 512 del Fuerte Tarabay, y el sargento Gustavo Flores fueron asesinados en una emboscada por una de las pandillas que buscaban controlar el metal precioso. Esto sólo durante los últimos meses.

«Casi 150 hombres y mujeres habrían muerto [otra vez el condicional] en o alrededor de las minas entre marzo de 2016 y 2020, con las fuerzas de seguridad involucradas en algunos de estos incidentes», dice el ACNUDH (¡ lo que se convierte, en la revista española de «información general» Cambio16:  : «El informe denuncia que 149 personas han sido asesinadas (…); Las fuerzas de seguridad estuvieron involucradas en la mitad de los incidentes» ! )

Volviendo al ACNUDH, su observación no va muy lejos en términos de comprensión y de las consecuencias prácticas que deben extraerse de ella. Más aún, dado que el mundo no se hará eco de la siguiente afirmación en el mundillo altamente selectivo de los medios de comunicación y las llamadas redes sociales: «A pesar de la considerable presencia de fuerzas de seguridad y fuerzas militares en la región, y de los esfuerzos emprendidos para combatir las actividades delictivas, las autoridades no han investigado ni enjuiciado las violaciones de los derechos humanos, así como los abusos y crímenes relacionados con la minería». Un fracaso relativo y real que, en todo caso, no hace que el estado sea responsable de la situación o que sea un estado forajido. Antes que nada, se trata de un Estado que, en condiciones «extremas», debe luchar en todos los frentes…

En otro frente, dice el ACNUDH, «las autoridades deberían tomar medidas inmediatas para poner fin a la explotación laboral y la explotación sexual, el trabajo infantil y la trata de personas (…).” Y así sucesivamente, y «bla, bla, bla», vamos a añadir, para resumir el documento. En cuanto a la «trata de seres humanos», no es el gobierno bolivariano el que organiza la avalancha de brasileños, colombianos, guyaneses, dominicanos y otros extranjeros en su territorio. En la Guayana Francesa, que está experimentando en menor medida la misma situación con los campamentos ilegales de «garimpeiros», a menudo brasileños o surinameses, en la selva, esto se llama «inmigración clandestina» (nunca el fenómeno o las acciones de la Legión Extranjera y de la Gendarmería francesa para detenerlo nunca han sido objeto de un informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, denunciando a París).

Segundo punto: las multinacionales. De nacionalidad canadiense, china, italiana, congolesa, angoleña, sudafricana, etc., inicialmente previstas en ciertos sectores (principalmente oro y coltán), éstas debían intervenir en tanto que empresas «mixtas», y el Estado, poseando el 55%, ser el garante del cumplimiento de las normas salariales y ambientales. En cualquier caso, las fantasías sobre esas empresas son ahora irrelevantes. Como resultado de las sanciones y amenazas de Estados Unidos, casi todas están ausentes o sin actividad.

Desde siempre abandonada a su triste destino, la carne de cañón de la «pequeña minería» (alrededor de 250.000 hombres y mujeres, si se cuenta el séquito de comerciantes, proveedores de servicios, esposas, etc.) ha visto, desde 2016, su actividad regulada y supervisada. Por iniciativa del gobierno, se les empuja a organizarse en cooperativas o empresas con estatus legal, a asociarse con el Estado, pagar impuestos, comprometerse a vender su oro al Banco Central de Venezuela (BCV) y respetar una serie de normas, en materia de seguridad y protección del medio ambiente. A cambio, se convierten en emprendimientos legales y tienen acceso a un mínimo de derechos sociales. Entre otras medidas, se está haciendo un esfuerzo para ayudarles a reemplazar el mercurio —la pesadilla de la flora, la fauna, los arroyos y los seres humanos— por el cianuro, que es mucho menos contaminante. Mientras tanto, ¡pero ello exigirá tiempos más serenos! se introducen tecnologías alternativas, más ecológicas y de substitución.

Como parte de las «alianzas pasadas con grupos mineros, la Misión Píar (responsable de animar este sector) trabaja para fomentar el surgimiento de proyectos socioproducentes -agricultura, albañíería, pequeñas empresas-, así como el acceso a la «salud integral, sexual y reproductiva». El esfuerzo es enorme y no puede dar lugar a milagros. Especialmente en un momento en que, la crisis económica obliga (tanto en Venezuela como entre sus vecinos), a que miles de pobres se precipiten hacia lo que creen que es un «El Dorado». Consta que en ese terreno hay muchos avances, pero una complejidad que persistimos en no ver, no reconocer, ya que impediría que la ortodoxia anti-Maduro la utilizara al pie de la letra. Y, en este registro, la señora Bachelet, por desgracia, no es una excepción.

El corazón del problema está en otra parte que donde lo creemos. La «pequeña minería» por sí sola produce al menos dos toneladas de oro al mes. Paradójicamente, en 2015, y mientras que los mineros tienen la obligación legal de venderlo el 60% de su producción, el Banco Central de Venezuela (BCV) recibió sólo 700 kilos – 500 kg en 2016. El resto se iba de contrabando a Brasil, Colombia, Guyana, Aruba y Curazao, enriqueciendo a mafias y países vecinos. Esta nueva política de «ganador-ganador» del gobierno permitió que, desde abril de 2017 hasta julio de 2018, el BCV recupere la cifra récord de 17,6 toneladas del Arco Minero (con un objetivo de 24 toneladas para el último año). Al final del cuarto trimestre de 2018, Venezuela experimentó un aumento del 200% en las exportaciones no petroleras en comparación con el año anterior, en gran parte debido a las ventas de oro, principalmente a Turquía y los Emiratos árabes Unidos.

Desde entonces, las cifras se han mantenido en secreto. Y por una buena razón. Desde el 1 de noviembre de 2018, «a la luz de las acciones del régimen de Maduro y de las personas asociadas para saquear la riqueza de Venezuela para sus propios propósitos corruptos, degradando la infraestructura y el medio ambiente de Venezuela a través de la mala gestión económica y las prácticas mineras e industriales confiscatorias y catalizando una crisis migratoria regional, descuidando las necesidades básicas del pueblo venezolano«, la administración Trump autorizó la confiscación de las propiedades de los operadores de oro venezolanos sin necesidad de cargos penales o civiles y, a nivel internacional, castiga a cualquiera que comercie con Caracas en el sector. Por lo tanto, a partir de ahora, dado que el comercio de petróleo también está paralizado, estas transacciones de «oro por alimentos» deben tener lugar clandestinamente. Y, en cierto modo, ayudan a «salvar» al país, evitando su asfixia económica total. Lo cual, para Washington y sus afiliados, es algo absolutamente intolerable. Esto debe evitarse a toda costa. En este tema, por lo tanto, la hipocresía es de rigor: llevó lal Alta comisionadao a criticar en su informe la «opacidad» de la gestión de este sector de actividad.

En una mezcla de prejuicios, conjeturas, ignorancia y sesgo, esta última denuncia dela CDH, como las anteriores, fue elaborada sin contactar al Gobierno venezolano para obtener información o, al menos, su versión de los hechos. Así que hizo felices a algunos. El mismo día de su comunicación (15 de julio), Mike Pompeo lo acogió con beneplácito: «La ONU ha encontrado más pruebas de violaciones de los derechos humanos por parte del régimen; más de 1.300 ejecuciones extrajudiciales motivadas políticamente se registraron en 2020^xxii” (desafío a cualquiera a que encuentre algún elemento que justifique este «fake news» en el documento de la agencia de la ONU).

Cuando el presidente Trump firmó la orden ejecutiva en noviembre de 2018 para paralizar el sector del oro, el Secretario Adjunto del Tesoro Marshall Billingslea declaró cínicamente: «Deberíamos estar más indignados por el daño causado al medio ambiente y a los pueblos indígenas».

Nos queda la oposición radical: ésta hace su agosto de la «tragedia» causada por Maduro en el Arco Minero. Saltó fuerte frente al informe elaborado por la Sra. Bachelet. Está indignada. Está comunicando, llamando a los valores universales (y a Trump, el “verde number one»). Jugando con la falta de memoria de los reyes de la ilusión, oscurece con cautela las declaraciones de Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional en 2017-2018, actualmente en Colombia donde ocupa el noble cargo de ministro de Relaciones Exteriores de la marioneta Guaidó. En mayo de 2017, en una Latin American Downunder Conference, en Australia, Borges aseguró a representantes de las empresas mineras transnacionales que  «una vez que se restablezca la democracia, las puertas se abrirán para recibir inversiones^xxiii«.  ». A falta de tiempo, no especificó sus pensamientos sobre la mejora de la vida de los trabajadores mineros, formales o no, ni sobre programas sociales dirigidos a la población, ni sobre ningún programa destinado a salvaguardar el medio ambiente.

Por razones más que legítimas, el tema de la preservación del planeta es una fuente de preocupación y debate. Por lo tanto, correctamente utilizado, puede permitir, que se traguen las culebras más increíbles. Para muchas ONG, a menudo en busca de financiación, es imposible ignorar esta nueva vena. De ahí la estrategia desarrollada discretamente en algunos de los ostensiblemente desbatados de todas las etiquetas democráticas, pero habiendo tomado partido (sin decirlo abiertamente) por el clan Guaidó: al denunciar la destrucción de la Amazonía, que afecta particularmente a la opinión pública, es necesario poner en el mismo plano a Brasil de Jair Bolsonaro y a Venezuela de Maduro. Es un equilibrio perfecto, como en los días de las dictaduras latinas y del bloque comunista, que probablemente ganará adhesiones (en todos los sentidos de la palabra). Luego, son los medios quienes tomarán el relevo. Lo cual se producirá, sin duda alguna.

El 13 de julio, en el apogeo de la pandemia Covid-19, Elliott Abrams, el «Sr. Venezuela» de la administración Trump, anunció sin pudor que financiaría una campaña de medios internacionales contra Venezuela. «En este nuevo mundo, la radio es importante», dijo en una videoconferencia patrocinada por el Hudson Institute. Vamos a pensar más en la radio. Tenemos que asegurarnos de que lo que estamos haciendo llegue a una amplia audiencia en Venezuela.” Los primeros indicios de la seriedad de la declaración no tardaron en aparecer. El 17 de julio, el Presidente de la República de Guyana, David Granger, reveló que había recibido solicitudes de Washington para autorizar la radiodifusión, desde su país, a través de la onda media (AM) con destino a la vecina Venezuela, de los programas de La Voz de las Américas, un instrumento de propaganda de Washington que transmite en más de sesenta idiomas, en más de cien países, y que estuvo muy activo en ese momento, durante las campañas que precedieron al derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala (1954), el intento de invasión de la Bahía de Cochinos (1961), el golpe contra Juan Bosch en la República Dominicana (1963) y la intervención militar estadounidense que siguió al aplastamiento de la resistencia (1965). Granger se negó, estimando que sus relaciones con Caracas ya son lo suficientemente complicadas (debido a un conflicto territorial histórico sobre la región de Essequibo). Inmediatamente pagó el precio. Bajo el repentino pretexto de un retraso en la declaración final de los resultados de las elecciones de marzo pasado, que fueron objeto de una serie de apelaciones, Mike Pompeo anunció la suspensión de visados a varios altos funcionarios guyaneses. Más servil que los más serviles, los gobiernos del Canadá y del Reino Unido amenazaron inmediatamente a Guyana con sanciones similares.

Otros serán más comprensivos, sin necesidad de coerción, y no sólo en ondas electromagnéticas. Así lo demuestra la primera reacción del diario español El País (20 de julio): «La voracidad minera asfixia a los pueblos indígenas del sur de Venezuela«, subtitulada «Las Naciones Unidas denuncian abusos contra las comunidades»^xxiv.]

Con sus esquematizaciones sumarias de «bien» y «mal», los informes de la Alta Comisionada forman parte de una operación para impregnar a la opinión pública. ONU, «derechos humanos», radio, televisión, medios impresos, aparatos políticos, Grupo de Lima, Estados Unidos, Unión Europea… Una norma se impone aún más contundentemente a medida que su legitimidad se reafirma mediante una pluralidad de fuentes. José Miguel Vivanco, director de Human Right Watch (HRW), para América Latina, resumió muy bien el tema el 16 de julio, un día después del lanzamiento del último informe de la CNDH. «Estos informes son extremadamente importantes. Por ejemplo, son el apoyo a los gobiernos que no tuvieron una posición tan radical contra el régimen de Maduro, y que hoy lo condenan (…) Uno de los objetivos de estas fotografías del estado de los derechos humanos en Venezuela es generar un debate internacional. Servir de argumento para los próximos pasos que se pueden dar, en el sentido de aumentar la presión sobre el régimen. Guiar los debates cuando el régimen se ve obligado a sentarse en una mesa y negociar una transición democrática^xxv. »

El supuesto representante del gobierno de Guaidó en la ONU, donde curiosamente tuvo la oportunidad de hablar, aunque fuera extraoficialmente, el extremista Diego Arria (quien legítimamente ocupó este puesto antes de que Chávez llegara al poder) reveló que Human Right Watch le pidió que dirigiera y organizara una campaña para excluir al embajador legítimo de la República Bolivariana. Para que conste: muy influyente con el ACNUDH y los medios de comunicación, HRW está financiado entre otras fuentes por la Open Society del banquero corrupto George Soros ($100 millones públicamente asumidos desde 2010), generoso benefactor de una multitud de ONG que trabajan bajo tierra, en línea con los objetivos del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Sin embargo (¡y al contrario de lo que parecemos sugerir!), no toda la oposición venezolana está completamente satisfecha con la actuación de la Sra. Bachelet. Así, después de la reunión del 15 de julio, el Foro Penal, una organización venezolana que está muy a la moda entre las ONG dominantes en el mundo de los derechos humanos, se quejó de que el Alto Comisionado no mencionó «el incumplimiento por parte del gobierno venezolano de las recomendaciones expresadas en el informe de 2019«, incluida la «liberación de presos políticos«. En una conferencia de prensa, Alfredo Romero, abogado y presidente-director de la organización, afirmó que los sucesivos informes del ACNUDH fueron el producto de un «mandato» otorgado por El Foro Penal a la oficina de la Sra. Bachelet^xxvi. Curiosa redacción, que merece explicación, confirmación o negación. ¿Es responsabilidad de una llamada ONG independiente, financiada por Freedom House –es decir, por debajo de esto, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, USAID, la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, los ministerios de Asuntos Exteriores de Alemania y Noruega, la Fundación Ford, Google, la Open Society de Soros, etc.– la de «dar un mandato» a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos? ¿Quién está a cargo? ¿Quién lidera el juego?

Este cuestionamiento a la industria de los derechos humanos en general y a Michelle Bachelet en particular, puede parecer a muchos como muy injusto, si no muy incorrecto. Sobre todo, porque, el 22 de julio, sus servicios, basados en datos de la Comisión economica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (Cepal), reconocieron el «impacto» de las medidas coercitivas unilaterales de Washington en la economía venezolana. Por primera vez, se discutió la congelación de cuentas y activos venezolanos en los Estados Unidos, la parálisis de la petrolera PDVSA, medidas formales e incluso la implementación de un «bloqueo informal”. Pues bien, tomamos nota… y, muchas gracias, Cepal. Con una salvedad, respecto del corazón de nuestro tema: este comunicado no fue objeto de la habitual puesta en escena, con la Alta Comisionada, micrófono y cámaras, medios de comunicación alertados y movilizados, tambores y trompetas, y con importantes repercusiones. Que alguien busque una posible mención de este comunicado de los «servicios» de la Sra. Bachelet en los principales medios de comunicación…

Sin embargo, y volviendo a nuestro punto de partida, aceptamos muy humildemente que interpretamos el papel del «chico malo» en este «juego». Después de todo… Como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los medios de investigación, de recopilación, de información y de análisis de la Sra. Bachelet son, por definición, incomparables con los modestos recursos que tenemos. Y, como resultado, son infinitamente más creíbles que nuestras afirmaciones desagradables. Absolutamente, sí. Pero, que se juzgue lo que sigue…

El 27 de junio, un sábado, la Sra. Bachelet es abordada en una calle de Ginebra por una compatriota mapuche. Un tema delicado para la expresidenta que, en este caso, camina sobre ascuas. Alrededor de seiscientas mil mapuches viven en Chile, principalmente en las regiones boscosas y montañosas de la Araucanía y Bio-Bio, unos 600 km al sur de Santiago. Como cualquier minoría aborigen, los mapuches han sido históricamente marginados y reprimidos. Tanto es así que, en junio de 2017, en un discurso en el Palacio de La Moneda, la Sra. Bachelet dijo: «Quiero pedir solemne y humildemente perdón al pueblo mapuche por los errores y horrores cometidos o tolerados por el Estado en nuestras relaciones con ellos y sus comunidades». Hermoso y noble discurso. Pero que, en realidad, no fue seguido por efectos. Como los mapuches no son los indios venezolanos del Arco Minero del Orinoco, el gobierno de la Sra. Bachelet invocará la ley antiterrorista introducida durante la dictadura de Pinochet contra ocho líderes mapuches el siguiente septiembre, basado en un montaje de los servicios de inteligencia. Y, sobre este tema, su gestión no fue diferente a la de los jefes de Estado que la precedieron.

En la era actual del ultraliberal Piñera, la represión de los pueblos indígenas se ha intensificado. Cuando su compatriota llama a la Sra. Bachelet en Ginebra el 27 de junio, un grupo de prisioneros mapuches, entre ellos el «Machi» (autoridad espiritual) Celestino Cordova, que esta encarcelado desde hace siete años, estan en el día 54 de una huelga de hambre. ¿Por qué la Alta Comisionada para los Derechos Humanos guarda silencio, pregunta la mujer? ¿Por qué no toma una posición? Sigue una discusión muy animada en la que la expresidenta, muy confusa, asegura: «Intentaré hacer más, a partir del lunes, cuando llegue a la oficina». En el que trata de justificar su silencio: «Las Naciones Unidas me piden que no me involucre demasiado en mi país, Chile; me dicen que el tema con el que tengo que lidiar son los derechos humanos en el mundo, no sólo los de mi país”. Su interlocutora se enardece: «Le pido que hable. Llevan cincuenta y cuatro días en huelga de hambre”. La Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos responde: «No lo sabía”. La chilena expresa su asombro. La ALTA COMISISIONADA DE LA ONU, que lo sabe todo sobre Venezuela, se justifica: «Cuando puedo, cuando tengo un poco de tiempo, empiezo por leer El Mercurio [un diario chileno de derecha, muy involucrado en la campaña contra Allende que precedió al golpe de Pinochet], y no dice nada de ello… Leo periódicos chilenos, no tengo otra fuente de información^xxvii»…

Pero entonces… ¿cómo se informa la Sra. Bachelet antes de sus espectáculos muy mediáticos sobre Venezuela? ¿Quién, y en el contexto de qué equilibrio de poderes, prepara realmente los expedientes que ella avala con su nombre, despreciando así la Historia de toda una generación de chilenos?

28 de julio de 2020

– Maurice Lemoine es periodista

Traducción del francés : Hugo y Christian

Fuente: http://www.medelu.org/Michelle-Bachelet-la-Chilienne-qui-a-oublie-d-ou-elle-vient