Expedientes societarios de Florida y registros FARA del Departamento de Justicia muestran que el caso Cerimedo excede a una persona
Fuente: Alma Plus Tv
La pregunta que recorre América Latina desde hace dos semanas tiene una formulación incómoda: ¿cuántos Cerimedo hay? El nombre del empresario argentino Fernando Cerimedo ocupa titulares desde su detención en Bolivia, acusado de organizar un ataque armado contra su expareja, la abogada Nadia Beller, quien sobrevivió tras recibir tres disparos. La Fiscalía lo imputó por tentativa de feminicidio, la Justicia ordenó 180 días de prisión preventiva y en paralelo se abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, pero mientras la atención se concentra en el escándalo judicial, los documentos oficiales dibujan algo de mayor alcance político: una infraestructura transnacional que no depende de él.
Su hoja de servicios explica por qué el caso importa más allá de una biografía. Cerimedo aparece asociado a las campañas de Jair Bolsonaro en Brasil —donde difundió en 2022 la falsa tesis de fraude electoral—, a la de Javier Milei en Argentina en 2023, al bloque del Rechazo en el plebiscito constitucional chileno, y más recientemente a Rodrigo Paz en Bolivia, a cuyo entorno llegó como asesor. También se han documentado vínculos con la argentina Patricia Bullrich y el hondureño Nasry Asfura.
El patrón se repite: uso intensivo de redes sociales, segmentación política, medios partidistas y, en varios episodios, contenidos falsos o engañosos para erosionar adversarios y moldear la conversación pública.
Lo que hasta ahora había permanecido en penumbra es dónde estaba realmente el centro de operaciones. Una investigación del Observatorio de Medios de Cubadebate, publicada por La Jornada, cruzó registros societarios de Florida y expedientes del Departamento de Justicia de Estados Unidos para responder esa pregunta. La conclusión es que Cerimedo levantó una base empresarial en Miami y una red mediática transnacional con centro en territorio estadounidense, y que su canal de acceso al poder político en Washington tiene nombre propio: el argentino-estadounidense Damián Merlo.
Los registros consultados no acreditan delitos ni conspiraciones, la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) obliga a quienes actúan en Estados Unidos por cuenta de entidades extranjeras a revelar clientes, contratos, actividades y pagos.
Estar registrado bajo FARA no implica espionaje ni ilegalidad; es un mecanismo de transparencia, pero su valor periodístico reside precisamente en que deja una huella documental verificable, y esa huella permite reconstruir una arquitectura
La empresa en Miami y el contrato que abrió Washington
El primer ladrillo se colocó el 24 de mayo de 2023, cuando quedó registrada NUMEN Advisors LLC en el 13499 de Biscayne Boulevard, North Miami, bajo el expediente L23000254200 de la División de Corporaciones de Florida. En la documentación inicial figuró Fernando G. Cerimedo. La fecha no es casual: la empresa nació mientras se desarrollaba la campaña presidencial argentina y, apenas tres meses después, esa misma marca firmó un memorando con un consultor de Miami. La compañía figura hoy inactiva por no haber presentado su informe anual.
El documento central no es una fotografía ni una declaración a la prensa, sino un papel entregado al Departamento de Justicia estadounidense. El memorando del 4 de septiembre de 2023 está dirigido a «Fernando Cerimedo, CEO, de NUMEN» y firmado por Damián Merlo, socio gerente de Latin America Advisory Group (LAAG), con sede en Miami. Formalizaba un contrato para colaborar con la campaña de Javier Milei hasta el 10 de diciembre de ese año.
El plan detallaba la mecánica del acceso: evaluar oportunidades en medios estadounidenses, preparar artículos de opinión, contactar a miembros de la Cámara y el Senado —con énfasis en el sur de Florida—, acercarse a centros de pensamiento como Heritage, CSIS, el Council on Foreign Relations y el Atlantic Council, y organizar una visita a Washington. El suplemento presentado en enero de 2024 confirma que Merlo prestó —asociado con Cerimedo— asesoría de relaciones públicas y realizó acercamientos al Congreso, a medios y a organizaciones de asuntos públicos para Milei.
El resultado más visible de esa colaboración fue comprobable a ojos de todos: Merlo coordinó la entrevista de Milei con Tucker Carlson, que introdujo al entonces candidato ante la audiencia conservadora estadounidense y lo situó dentro de un eje internacional contrario al progresismo.
El propio Merlo declaró a La Nación que aquella conversación hizo mundialmente conocido al candidato. El expediente demuestra algo más amplio: la campaña argentina quedó en manos de una estructura estadounidense diseñada para abrir medios, Congreso y centros de pensamiento.
Quién es el hombre que abrió la puerta
Para entender la magnitud de lo que Cerimedo contrató en 2023 hay que mirar el recorrido previo de su socio. Damián Merlo, nacido en Barcelona en 1974, hijo de argentinos y con ciudadanía estadounidense, no improvisó una libreta de contactos: se formó durante décadas dentro del aparato de la política injerencista de Washington hacia América Latina, y muy particularmente hacia Cuba.
Con apenas 22 años trabajó como screening officer en la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, plataforma de operaciones subversivas bajo cobertura diplomática. Entre 2002 y 2007 pasó al International Republican Institute (IRI), brazo republicano de la National Endowment for Democracy —la estructura creada en los años 80 para ejecutar con fondos públicos y fachada civil tareas que antes asumía la CIA—, donde según su propio currículo manejó los programas para México, Cuba y Brasil y gestionó subvenciones millonarias.
Documentación de la época lo identifica en 2005 al frente de un programa que, mediante una subvención al Directorio Revolucionario Democrático Cubano de Miami, financiaba actividades destinadas a erosionar el orden constitucional cubano desde adentro. Después fue vicepresidente de Otto Reich Associates, la firma de uno de los operadores más emblemáticos de la agenda anticubana en Washington.
Esa trayectoria explica la agenda que aparece en sus declaraciones bajo FARA. Un expediente de 2021 sobre gestiones para El Salvador documenta una ronda presencial de diciembre de 2020 con Mauricio Claver-Carone —entonces presidente del Banco Interamericano de Desarrollo— y con Viviana Bovo, asesora del entonces senador Marco Rubio.
El mismo expediente consigna reuniones con el congresista Mario Díaz-Balart, una cena de introducción con la congresista María Elvira Salazar y una llamada con Ricardo Pita, hoy asesor principal para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. Los nombres no son casuales: Rubio, Díaz-Balart y Salazar constituyen el núcleo duro del bloque cubanoamericano de Florida, el mismo que ha sostenido el bloqueo contra la isla durante seis décadas y que hoy ocupa posiciones decisivas en la política exterior estadounidense hacia la región
El salto al círculo de Trump
La continuidad y la ampliación de ese acceso quedan registradas en los documentos más recientes, el Supplemental Statement 6898, presentado al Departamento de Justicia el 30 de julio de 2026, consigna que en una sola jornada —el 13 de enero— la firma de Merlo declaró cuatro reuniones en representación de la Presidencia de El Salvador: con Gavin Wax, jefe de gabinete de la subsecretaria Sarah Rogers; con Christopher Landau, subsecretario de Estado; con Ana Quintana, de Policy Planning; y nuevamente con Viviana Bovo, asesora sénior para el Hemisferio Occidental.
Ese mismo día aparece una quinta reunión que merece atención: con Joseph Humire, a quien la página oficial del Departamento de Guerra sitúa al frente de Asuntos de Seguridad de las Américas, la oficina que formula política regional y supervisa cooperación de seguridad y ventas militares.
Humire fue director del Center for a Secure Free Society y visiting fellow de Heritage, con trabajo sobre Venezuela, Cuba e Irán. Cinco reuniones con el aparato diplomático y militar estadounidense en 24 horas dan la medida del acceso alcanzado.
La red se extiende también hacia el círculo empresarial del trumpismo, Brad Parscale, antiguo jefe de campaña de Donald Trump, aparece como socio tecnológico de Cerimedo en América Latina y participó en un encuentro en Mar-a-Lago en el que también estuvieron el secretario de Estado Marco Rubio y la congresista María Elvira Salazar.
En paralelo funcionaba el dispositivo mediático: La Derecha Diario, proyecto asociado a Cerimedo y luego compartido con el empresario español Javier Negre, y la posterior adquisición de UHN Plus, plataforma dedicada fundamentalmente a la desinformación contra Cuba, en la que Negre realizó una inversión estratégica en octubre de 2025 y pasó a ser vicepresidente y copropietario.
La respuesta: pueden ser muchos, y ese es el problema
Aquí llegamos a la pregunta inicial, si el caso se leyera como la historia de un individuo, su detención en Bolivia cerraría el capítulo, pero lo que muestran los documentos es que las tres piezas —empresa, medios y lobby— son intercambiables.
Miami no funciona como una dirección comercial, sino como plataforma de articulación entre campañas latinoamericanas, medios ideologizados, consultores políticos, organizaciones del ecosistema cubanoamericano y sectores del Partido Republicano con capacidad de incidir sobre la política hemisférica. Esa infraestructura existía antes de Cerimedo y sigue existiendo sin él.
Esa es la novedad de fondo, y no es menor: la ultraderecha latinoamericana ya no necesita una organización común para coordinarse. No hace falta una internacional reaccionaria con sede y estatutos.
Las plataformas digitales, las consultoras y las redes empresariales cumplen esa función. Un operador contrata a un lobista que ya tiene la agenda armada; una campaña compra acceso a un circuito que lleva 30 años funcionando; un medio digital replica en cinco países el mismo relato con costos marginales. La granja de bots, que ocupó los titulares, es apenas la capa visible de un dispositivo mucho más profundo y mucho más difícil de desmontar.
Para los pueblos de América Latina, la implicancia es directa y toca el nervio de la soberanía. Cuando una parte sustancial de la infraestructura desde la que se interviene en elecciones argentinas, brasileñas, chilenas o bolivianas está anclada en Florida y conectada con estructuras de poder en Washington, la disputa electoral deja de ser un asunto estrictamente nacional.
No se trata de imaginar conspiraciones que los documentos no prueban, se trata de constatar algo que los registros oficiales sí permiten afirmar: campañas electorales latinoamericanas, operaciones de comunicación política, plataformas mediáticas y circuitos de lobby convergen en un mismo espacio político estadounidense.
La pregunta, entonces, cambia de forma. No es cuántos Cerimedo hay, sino cuántos puede producir un sistema diseñado para que la figura del operador sea reemplazable. Mientras la infraestructura permanezca intacta, siempre habrá alguien disponible para ocupar ese lugar.
Y la respuesta no puede ser judicial, ninguna prisión preventiva desarma una arquitectura, solo la transparencia sobre el financiamiento de las campañas, la regulación democrática de las plataformas y la vigilancia ciudadana sobre quién paga qué operación pueden hacerlo. La documentación existe y es pública, lo que falta es que se mire.