Una mirada sobre la movilización popular 2022
En Ecuador está en curso un ‘rediseño’ neoliberal del Estado, activado desde 2017 a través de distintas tácticas subrepticias, especialmente el “lawfare”, conocido por acudir a tramas judiciales y mediáticas como ardides para revertir los proyectos alternativos. También están en el escenario distintas expresiones de autoritaritarismo, que son consustanciales a la consecución del modelo neoliberal, para imponer el dominio del mercado por sobre los intereses de la sociedad. Es una agenda programática, que se hace posible con la conversión de la institucionalidad del Estado en agencias operativas mínimas, encargadas de aspectos ejecutivos para atender prioritariamente a actores privados, especialmente a las corporaciones transnacionales y nacionales, al capital finanicero y conexos.
En este caso, la imposición de un neoliberalismo radical trae consigo la destrucción de un proyecto de soberanía, que reposa constitucionalmente (2008)[1] en una perspectiva del bien común y de lo público, con una proyección de horizonte que coloca al Buen Vivir como propuesta contrahegemónica, que apunta hacia la primacía de la vida frente a la reproducción del capital.
Las repercusiones de la regresión de ese proyecto de horizonte histórico emergente (2007-2017) hacia un ‘plan de negocios’ neoliberal, son visibles en la prolongación de los índices de extrema desigualdad: el 80% del patrimonio del país está en manos del 10% de la población, a la vez, la nueva arremetida privatizadora se expresa en desempleo, corrupción, mala calidad de servicios públicos, inseguridad, discriminación, y un gran etcétera.
Como parte de este ataque neoliberal, se han reposicionado las corporaciones transnacionales en los sectores estratégicos, mientras las recetas de las Instituciones Financieras Internacionales, especialmente del Fondo Monetario Internacional (FMI), han suplantado a la Constitución. Los bienes y recursos del Estado están en franca subasta, mientras se evidencia la transferencia de la seguridad y la defensa hacia modelos represivos foráneos[2]. Es más, Ecuador intenta convertirse en la punta de lanza para propulsar una iniciativa estadounidense de control hemisférico.
Con el desmantelamiento de lo público la desprotección del pueblo es extrema. Esto fue explícito con ocasión de la pandemia del Covid-19, cuando miles de personas murieron, muchas de ellas en las calles, por la falta de atención en los servicios públicos que resultó del achicamiento del Estado y por la desatinada gestión del gobierno en esa coyuntura crítica. Cuando se creyó que no había peor pandemia que el Covid y el mal gobierno de Moreno (2017-2021), en 2021 llegó al poder el banquero Guillermo Lasso, con una agenda de intereses privados, frecuentemente contrarios a la legislación, pero muy atenta a los negocios del sector financiero y de los grupos empresariales.
En ese contexto, no solo desaparecieron las políticas redistributivas, sino también el planeamiento y las iniciativas orientadas hacia el bien común, a la vez que se liberaron los precios y se eliminaron subsidios. En junio 2022 la canasta básica a 751,00 $USA superó su techo histórico, mientras que el salario mínimo está apenas en $425,00USA y sólo el 34% de personas acceden a un empleo adecuado. En el campo, el 22.7% de personas están afectadas por la extrema pobreza y el 42.9% por la pobreza[3]. No sorprende entonces que sean las organizaciones indígenas y campesinas quienes lideren iniciativas para reivindicar la justicia socioeconómica, formulen sustantivas criticas anticapitalistas[4] y movilicen contra el neoliberalismo, como sucedió en octubre 2019 y en junio 2022.
La ruralidad: complejidades y disputas anti neoliberales
Ecuador es un país singular. Es un caso único, porque reconoce a la soberanía alimentaria en su Constitución del Buen Vivir (2008), cuenta además con una Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria (2010), que ampara no sólo los derechos del campesinado sino también sus modos de vida, en un Estado plurinacional, que incluye la diversidad económica y productiva. Pero, estos y otros avances, que llegaron incluso a ser considerados como vanguardistas internacionalmente, han sido frenados y revertidos por la arremetida neoliberal agresiva en curso desde 2017, que ha conducido al país a una crisis de grandes magnitudes.
El campo es el más afectado por las medidas neoliberales, ahí la pobreza afecta a casi la mitad de la población, especialmente al sector de la pequeña y mediana agricultura, que registra el 86.2% de pobreza multidimensional[5]. Atrás quedaron las políticas y planes para la construcción de un modelo productivo enmarcado en la soberanía alimentaria y en la economía popular y solidaria. La construcción del Estado plurinacional e intercultural es letra muerta, como lo son los veintiún derechos colectivos de la comunidades, pueblos y nacionalidades, consignados en el artículo 57 de la Consitución.
Igualmente, ha quedado en el olvido la aplicación de los artículos 281, 282 y 283 de la Constitución, que tienen que ver con la redistribución de los medios de producción, la tierra, el agua, las semillas, tanto como con los derechos laborales y sociales, para mantener y fomentar la pequeña y mediana agricultura, que representa el 64% de la producción agrícola y 60% de los alimentos consumidos en el país[6].
El gobierno de Guillermo Lasso, con los ojos puestos en los negocios agrícolas, amenaza incluso con la reversión de las tierras que fueron adjudicadas legalmente al campesinado, en el marco de las políticas asociadas a la Ley de Soberanía Alimentaria, en el periodo de la Revolución Ciudadana (2007-2017). El Ministerio de Agricultura y Ganadería no ha institucionalizado el Fondo Nacional de Tierras, que también es mandato constitucional, y está muy lejos de cumplir con la adjudicación de predios a las organizaciones campesinas que se encuentran posesionadas y cumpliendo una función social y ambiental.
Lasso ha ahondado la deuda histórica de relegamiento que tiene el país con el campesinado, llevándola a niveles de despojo extremo. Así como el campesinado es puesto de lado, sí son atendidos los grandes empresarios agrícolas y agroexportadores, quienes conjuntamente con el sector financiero son prioridad.
Ecuador es un país agrícola y tiene condiciones para ser soberano, pero el modelo agroalimentario está en disputa, entre la propuesta capitalista de agronegocios que persigue el lucro y, por otro lado, el modelo alternativo para los pueblos que plantea la Soberanía Alimentaria, con una producción agroecológica campesina-indígena, como base para una alimentación sana.
Esto último es totalmente viable, especialmente en un país que tiene una experiencia de autosustento practicada por milenios desde la cosmovisión andina y amazónica, incluso en medio de las condiciones adversas desatadas con la Colonia y plasmadas en estructuras de dominación hasta el presente. No obstante, esta experiencia y el conocimiento asociado que han resistido, han sido puestos en jaque por el modelo agroexportador y por la importación de productos agrícolas[7], propiciada por las prácticas de libre comercio, que llevan a la quiebra la producción nacional, especialmente a aquella de la pequeña agricultura, familiar o comunitaria.
La rebelión de junio
En junio 2022 el pueblo ecuatoriano, liderado por el movimiento indígena y campesino, se movilizó a escala nacional por una motivación sencilla: el derecho a la dignidad. El Paro Nacional, inicialmente convocado por las organizaciones[8] CONAIE, FEINE, FENOCIN, FEI y FENOC, concitó una amplia participación de mujeres, diversidades, jóvenes, estudiantes, trabajadores/as, maestros/as, intelectuales, artistas y otrxs, que se movilizaron para reivindicar mejores condiciones de vida, en todos los sentidos. Ante la falta de respuesta del gobierno, la movilización se expandió en una suerte de olas sucesivas de inconformidad, hasta convertirse en un tsunami de indignación que se expresó en todas partes.
La Agenda de Lucha Nacional[9], sustentada en un análisis crítico del neoliberalismo y del gobierno[10], levantó asuntos que tienen que ver con las realidades cotidianas de las mayorías, tales como el control de precios y de la especulación; la reducción de precios de los combustibles; la moratoria y renegociación de las deudas personales y familiares; el impulso al empleo y derechos laborales; presupuestos para la salud, la educación y políticas efectivas de seguridad y protección. Pero también colocó el rechazo a la privatización de los sectores estratégicos y del patrimonio público; la defensa de derechos colectivos y la salvaguarda de los territorios frente a la explotación petrolera y minera; y precios justos para la producción campesina.
La movilización duró 18 días, en los que el pueblo ecuatoriano puso en evidencia que es imposible vivir sin la atención del Estado, especialmente en lo relativo a los derechos básicos, tales como la educación, la salud o la seguridad que, como lo señalamos anteriormente, han sido literalmente desmantelados por las políticas neoliberales. Se demostró que las privatizaciones y la transferencia de la gestión de la sociedad al mercado solo trae como resultado más exclusión.
Por su parte, el gobierno desplegó toda su maquinaria represiva, con tres decretos de emergencia, estados de excepción y un contundente despliegue de la policía y las fuerzas armadas que enfrentaron el paro como si se tratase de un campo de batalla. Lasso hizo explícito su propósito de doblegar a los/as indígenas, al campesinado y a quienes muestren una opinión contraria a su errática gestión. Esto resultó en seis muertos, cientos de heridos/as, decenas de secuestrados y encarcelados/as. El informe de la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos[11] evidencia incluso hechos que pueden configurar crímenes de lesa humanidad.
Asimismo, a tono con el papel protagónico que se han auto asignado, los medios de comunicación corporativos fungieron como voceros del gobierno y de los intereses privados, desplegaron una campaña de desinformación y criminalización de la movilización, teñida de un agresivo racismo; llegaron incluso a hacer eco de la vejatoria acusación del gobierno que asoció al paro con el narcotráfico, ofendiendo las luchas milenarias de los pueblos originarios frente al colonialismo. Los medios de comunicación alternativa, que transmitieron la movilización popular y sus propuestas, fueron los únicos en visibilizar la realidad, no obstante la represión de la que ellos también fueron objeto.
Fueron unas jornadas de gran intensidad, cuyo principal logro fue el haber formulado una agenda reivindicativa compartida, conjuntamente con la gran capacidad de movilización popular, cuyos alcances no dejaron dudas sobre la masiva disconformidad con el neoliberalismo.
La propuesta de destitución en la Asamblea Nacional
El paro visibilizó que la demanda de cambios es una petición amplia y multisectorial. Esto se hizo ostensible en el escenario de la moción de destitución del presidente Guillermo Lasso, colocado por el Movimiento Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional.
Esta iniciativa parlamentaria amparada en el Artículo 130 numeral 20 de la Constitución, fue planteada como una salida a la “grave crisis política y conmoción interna” que afectaba al país, en un contexto de reiterados estados de excepción, que ya se había saldado con muertos, heridos y desaparecidos. No obstante, el presidente Lasso, cuya gestión en apenas un año de ejercicio era desaprobada por más del 80% de la población, no sólo se rehusaba a responder a las demandas expresadas en la ‘Agenda de Lucha Nacional’, sino que hasta amenazó con recrudecer la represión.
Para aplicar esta alternativa de destitución era necesaria la anuencia de los dos tercios del voto parlamentario. Y si bien la votación fue mayoritaria, no se llegó a los dos tercios que se requerían. Lasso se salvó y hasta, a pesar de su bajísima popularidad, se mostró fortalecido.
La derecha cerró filas, pero también actores políticos que se autodefinen como de centro, tales como la Izquierda Democrática, fueron parte de esas filas. No obstante, si estas adhesiones eran previsibles por las anuencias con el proyecto neoliberal y por las alianzas previas que mantienen con el gobierno, sí causaron estupor los votos a favor de Lasso provenientes del Movimiento Pachakutik, que es el brazo político de la CONAIE, organización que lideraba la movilización popular. Esta dualidad es parte de los elementos explicativos de distintos hechos importantes en la política ecuatoriana, incluída la misma elección del banquero Lasso como presidente (2021), quien se benefició del llamado “voto ideológico”, un voto anti Revolución Ciudadana convocado por el movimiento Pachakutik.
Por otro lado, en Ecuador nada de lo que sucede en la política puede ser explicado por fuera de la aguda arremetida de “lawfare” o judicialización de la política en curso. La persecusión política, judicial y mediática, se expresa en un intrincado escenario de maquinaciones que trastocan la realidad en función de un conocido objetivo: la consecución del neoliberalismo y el triunfo de los intereses privados que lo sustentan.
Paradójicamente, el Movimiento Revolución Ciudadana, que es el actor político más afectado por la ‘lawfare’ y que prácticamente sobrevive a reiterados intentos de proscripción y persecusión política, fue el que se atrevió a abrir una vía para propiciar una salida democrática atenta a los planteos populares. Los partidos de la izquierda tradicional, por su parte, mantuvieron una paticipación discreta o no exhibieron una postura pública, mientras las centrales sindicales circunscribieron su apoyo a comunicados relativos a la movilización.
Como analiza Magdalena León T. “…La debilidad del frente político tiene diversas expresiones pero remite a la configuración que busca el neoliberalismo en este plano, para que prevalezca el autoritarismo de mercado. La política sufre un asedio constante, la institucionalidad democrática se socava, lo público se captura en función de intereses del capital, los actores políticos relevantes son cercados y perseguidos por diversos medios. Estos rasgos comunes en contextos neoliberales, se conjugan en Ecuador con el singular fenómeno de un ‘anticorreismo’ de todos los colores, que ha implicado un ataque extendido, sistemático, perverso en tanto suma a sectores que se ponen a la cola de las élites y sus intereses, y que ratifica el potencial tangible de transformación que encarna la Revolución Ciudadana. …Es en estas condiciones, que pese a tener una línea clara y consecuente con la confrontación al neoliberalismo, un evidente apoyo popular movilizado y un importante bloque legislativo, no logró plasmar la propuesta de destitución presidencial.” [12]
El desenlace anunciado y las soluciones diferidas
Guillermo Lasso, tuvo los 18 días que duró el paro nacional para responder a las demandas del país movilizado, pero no lo hizo, tampoco se presentó al llamado de la Asamblea Nacional, pero sí exacerbó la represión y más bien mostró una estrategia de dejar pasar el tiempo, esperando que el pueblo se rindiera por desgaste. Y el desgaste era probable, sobre todo porque una parte sustantiva de la movilización nacional dependía de indígenas y campesinos/as, que abandonaron su mundo rural para reivindicar justicia en la capital, pero la retirada no sucedió, se percibió más bien firmeza y lealtad, sobre todo de las organizaciones de base.
Ante la inoperancia del gobierno, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana fue llamada a asumir una mediación. Bajo ese formato, se suscribió un Acuerdo de Paz y se estableció una agenda de diálogo a ser tratada en 7 mesas de trabajo[13], cuyos resultados fueron diferidos a un plazo de 90 días.
Para la suscripción del Acuerdo de paz el gobierno derogó el Decreto 95 relativo a la gestión petrolera y se comprometió a modificar el Decreto 151 sobre minería, ambos tienen que ver con la protección de los territorios ancestrales y la obediencia a la consulta previa. Unos 20 megaproyectos mineros, especialmente vinculados a la mineria metálica ocupan ya el 8% de territorio nacional[14] peor aún, la ampliación de la zona petrolera y la megaminería son pieza clave del ‘plan de negocios’ del ejecutivo.
El sistema de salud, que ha sido gravemente afectado por la destrucción de lo público y la reducción de presupuestos, fue declarado en emergencia por segunda vez en menos de un año. Así mismo, quedó comprometido el control de precios, ante la vertiginosa especulación, alimentada por el desmantelamiento de las instancias de control. Quedó en suspenso uno de los puntos más sensibles, la moratoria y renegociación de las deudas personales y familiares, de especial importancia para la gente del campo, cuyos niveles de endeudamiento con el sector financiero, especialmente privado, son directamente proporcionales a la ausencia de políticas económicas y sociales.
No se incluyó ninguna forma de amnistía ni de reparaciones para las familias de las personas que perdieron la vida. Tampoco se registró un compromiso de no judicializar a las dirigencias del paro ni a las personas movilizadas, lo que representa un gran vacío un contexto de judicialización de la política y violaciones de los derechos humanos, más aún si en el marco de la campaña de desinformación sobre la movilización, el gobierno hizo pública una antojadiza asociación entre Revolución Ciudadana y movimientos populares e indígenas con el narcotráfico, la delincuencia y el terrorismo.
Retos actuales y porvenir
Un acumulado central del paro nacional es la demostración de fuerza, la capacidad de movilización, resistencia y cohesión de un importante conjunto de organizaciones, en torno a una agenda común que dialoga con las motivaciones del pueblo. Un paso necesario será mantener y ampliar esa articulación, en función del porvenir de un Ecuador que se ve empujado hacia una crisis de difícil retorno.
Estamos ante un escenario complejo, principalmente porque los mecanismos para afianzar ese neoliberalismo extremo están activados por todas las vías, entre ellas la fuerza. En los mismos días del paro, en sentido contrario a las reivindicaciones de ‘no privatización’ e incluso trasgrediendo lineamientos constitucionales, se aceleró el paso de la subasta de los bienes públicos, de los recursos estratégicos y otros. El “plan de negocios” que funge de línea de acción gubernamental es aplicado con celeridad y, bajo el subterfugio de propiciar la inversión, están en marcha todas las aperturas al libre comercio, que operan en sentido contrario a las aspiraciones de fortalecimiento de la producción nacional que es cuestión decisiva, por ejemplo, para el sector de la pequeña y mediana agricultura.
Los grupos dominantes y sus entornos, en el gobierno o no, que llegaron al poder con argucias –tales como el Lawfare- están dando un golpe de fuerza y de velocidad para afianzar su proyecto, tanto como para demoler toda iniciativa que plantee la redistribución e incluso todo lo que huela al enfoque de la Revolución Ciudadana[15]. Es más, es pública su aspiración de desbancar el marco constitucional y legal progresista.
Ecuador es un país en disputa, donde se evidencia la disparidad de contenidos e intereses que existe entre el modelo neoliberal y los proyectos populares. Así, la ineficaz respuesta del gobierno de Lasso a los planteos del paro no es apenas un asunto de ‘voluntad política’, es una cuestión programática, pues todas las reivindicaciones tienen que ver con el bien común, que es la antítesis del objetivo de acumulación individual de los neoliberales. De hecho, en los pisos movedizos de los ‘diálogos’ convertidos en ‘mesas técnicas’, se han ido desplazando varios de los contenidos de las reivindicaciones hacia el campo de las medidas neoliberales, es un ejemplo el caso del acceso a los combustibles, que ha transitado de la demanda de derecho básico hacia planteos sobre la focalización de los subsidios e incluso hacia un regateo por centavos en los precios.
De modo que está en perspectiva un escenario de luchas de largo alcance, para recuperar y sustanciar un proceso de cambios hacia el Buen Vivir. En lo inmediato, luego de que las élites en el poder, al igual que en octubre 2019, se salieron con su táctica de diferir la respuesta a las demandas populares sometiéndola a unos diálogos a un cierto plazo, hay serias dudas, tanto sobre el cumplimiento de los compromisos consignados para levantar el paro, como sobre la consistencia de los eventuales resultados de las mesas de negociación diferidas a 90 días. Asimismo, como el gobierno de Guillermo Lasso suele recurrir a subterfugios y promesas postergadas, es posible inferir que como ya ha incumplido antes, podría hacerlo de nuevo y conculcar los acuerdos obtenidos por la movilización.
De ahí la importancia de vindicar la política y fortalecer la búsqueda de soluciones estructurales, ante una disputa que tiene que ver con las orientaciones y proyecciones de la sociedad. Para lograrlo, a más de profundizar la agenda conjunta, serán clave todos los esfuerzos posibles para lograr convergencias sustantivas entre movimientos y actores politicos que postulan un enfoque de bien común, que abogan por una perspectiva que coloca la vida por encima del capital, a tono con las avanzadas definiciones constitucionales con las que cuenta el país.
Aporta en ese sentido el propósito expresado por lxs convocantes al paro: “…No sólo las organizaciones convocantes a esta jornada de movilización tenemos la obligación de construir un gran frente donde confluyan los saberes y tradiciones más diversas de lucha contra la explotación y la dominación capitalista, cuyo eje central sea la socialización de la economía, el cuidado de la vida, la conquista del trabajo digno y la seguridad para todos por igual”[16].
Es un relevante planteo de crecimiento organizativo, que podría tener significativas proyecciones si se llegara a potenciar el hecho de que en Ecuador hay dos principales vertientes alternativas: el Movimiento Revolución Ciudadana en el campo político popular e institucional y el movimiento indígena – campesino en el escenario de los movimientos, a la vez que también se robustecen el feminismo, expresiones urbanas y otrxs.
En pos de ese esfuerzo de convergencias factibles, es ineludible un remozado acercamiento del Movimiento Revolución Ciudadana hacia las dinámicas organizativas populares y sociales, toda vez que la política institucional y los procesos organizativos no sólo son complementarios, sino necesarios en función del cambio posible.
De manera concomitante, el crecimiento sociopolítico de un frente alternativo para recuperar el país, llama a un sinceramiento tanto en contenidos como en la gestión de alianzas. Así, para que el frente alternativo pueda desarrollarse en la más amplia diversidad, es indispensable marcar un deslinde de las interpretaciones de la realidad y agendas que las élites de derecha formulan, en función de su interés de desmantelar las alternativas. Pues si bien se entiende que los sectores dominantes busquen la ruina de Revolución Ciudadana, la principal fuerza política del país, que consideran antagónica por su propuesta antineoliberal, es poco comprensible que actores que se identifican con el campo popular se sumen y, peor aún, sean copartícipes de la poco matizada agenda de satanizar al progresismo, llegando incluso, en casos, a ser acólitos de la judicialización de la política .
Para el movimiento campesino – indígena, es tiempo de enfatizar en la agenda por una revolución agraria y agroecológica para la soberanía alimentaria. Es hora de profundizar aún más la causa compartida del derecho a la tierra, al agua, a intercambios y comercialización, para una reactivación en el marco constitucional de la diversidad económica y productiva. El desarrollo de una agenda cualitativa frente al neoliberalismo, es también de importancia para los pueblos ancestrales y afrodescendientes, frente a su horizonte de dignidad. En todos los casos, urge fortalecer los procesos organizativos, con pensamiento propio y con sus respectivas capacidades comunicacionales.
En este contexto, gana sentido el mandato histórico de Fernando Daquilema: No nací para ser esclavo, y con él, cabe destacar la importancia de la recuperación de la memoria histórica, del legado de grandes dirigentes indígenas como Dolores Cacuango, Transito Amaguaña, Jesús Gualavisi, Ambrosio Lasso y otras, cuya lucha contra la injusticia debe inspirar todos los esfuerzos para la unidad, para retomar en un futuro cercano el horizonte del Buen Vivir y las perspectivas de una integración regional soberana, que permitirían al pueblo plurinacional volver a ser sujeto de su historia.
* Irene León, socióloga y comunicadora ecuatoriana
* Jose Agualsaca, dirigente indígena-campesino y político ecuatoriano
Notas:
[1] Constitución de la República del Ecuador , Asamblea Nacional del Ecuador, Octubre 2008 https://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/documents/old/constitucion_de_bolsillo.pdf
[2] Es un ejemplo, la anuencia del gobierno de Lasso con la “Propuesta de Ley de Asociación Estratégica Ecuador-Estados Unidos” aprobada por la Comsión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. DAV22038 65X 117th Congress, 2d Session. Robert Menendez and al. To strengthen the bilateral partnership betwen United States and Ecuador “.
[3] INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y subempleo 2022. Indicadores de pobreza y desigualdad. junio 2022 https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2022/Junio_2022/202206_PobrezayDesigualdad.pdf
[4] CONAIE. 13 de junio. Demandas de la movilización Nacional, Popular y Plurinacional. Euador/06 https://conaie.org/2022/06/20/demandas-de-la-movilizacion-nacional-popular-y-plurinacional/
[5] (Morales, M., & Mideros, A. (2021). Análisis de la pobreza multidimensional en los hogares de la agricultura familiar campesina en el Ecuador, 2009- 2019. Revista Economía, 73(118), 7–21. https://doi.org/10.29166/economa.v73i118.3379 (Original work published 30 de noviembre de 2021)
[6] Idem 5
[7] Joao Pedro Stedile y Horacio Martins de Carvalho. Soberanía Alimentaria: una necesidad de los pueblos, in Comunicación para la Soberanía Alimentaria, Alba Movimientos, FEDAEPS, Euador 2016 pp 17-39
[8] Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador –CONAIE-; Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador -FEINE; Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras FENOCIN, Confederación de Pueblos, Organizaciones indígenas Campesinas del Ecuador -FEI-; y Federación Nacional de Organizaciones Campesinas FENOC
[9] Agenda de Lucha Nacional. 13 de junio 2022 El pueblo se levanta
https://drive.google.com/file/d/1SzuT4sG8VlnSpcmQ4-qAe07ardw-n4BX/view
[10] Ídem. 4
[11] Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, Informe preliminar Violación de derechos humanos en Ecuador en el marco del paro nacional 2022. 28 de julio 2022
http://www.asociacionargentinadejuristas.org/pdf/Informe-preliminar-ecuador-2022.pdf
[12] Magdalena León T. Ecuador: Recuperar la política para disputar la economía, El Salto. Blog de los Pueblos, España. Julio 5 2022 https://www.elsaltodiario.com/revista-pueblos/ecuador-recuperar-la-politica-para-disputar-la-economia
[13] Fomento productivo; Energía y recursos naturales; Derechos colectivos; Seguridad, justicia y derechos; Acceso a la salud; Empleo y derechos laborales; y Educación superior
[14] Idem 4. Pg. 8
[15] La derecha y sus entornos usan negativamente el neologismo “Correismo”, que alude a la Revolución Ciudadana, para significar las alternativas, lo antineoliberal, la izquierda, el anticapitalismo, el progresismo y más. En el contexto de “Lawfare” ese neologismo es usado para justificar la persecución contra el ex presidente Rafael Correa (2007-2017) y su grupo político.
[16] Ídem 4. Pág. 3