Defender a Cuba, por lo tanto, no significa solamente defender una isla caribeña. Significa defender el principio mismo de la soberanía de los pueblos contra la ley del más fuerte. Significa oponerse a la idea de que un imperio pueda decidir unilateralmente quién puede comerciar, gobernar, desarrollarse o simplemente existir.
Fuente: Faro di Roma
Cuba vive hoy una de las fases más peligrosas y dramáticas desde el fin de la Guerra Fría. Mientras los medios internacionales celebran el acercamiento táctico entre Donald Trump y Xi Jinping como un posible factor de estabilización global, sobre la isla caribeña se ciernen nuevas amenazas económicas, políticas y mediáticas. El diálogo entre las grandes potencias no ha reducido la agresividad de Washington hacia La Habana; al contrario, parece haber liberado nuevos márgenes de presión contra un país que sigue representando, para bien o para mal, una excepción irreductible al dominio unipolar estadounidense.
Las recientes declaraciones de la administración Trump, acompañadas de nuevas medidas restrictivas sobre el petróleo y las relaciones comerciales con Cuba, han agravado una crisis energética ya devastadora.
La estrategia es evidente: estrangular económicamente al país para provocar exasperación social, aislamiento diplomático y finalmente capitulación política. No se trata de “sanciones” en el sentido técnico del derecho internacional, sino de un bloqueo económico permanente, extraterritorial y abiertamente coercitivo que golpea al pueblo cubano en su vida cotidiana: electricidad, combustible, transporte, medicamentos y alimentos.
Sin embargo, el dato más inquietante no es solamente la intensidad de la ofensiva estadounidense, sino el silencio casi absoluto de la comunidad internacional. Desde hace décadas la Asamblea General de las Naciones Unidas condena por amplísima mayoría el bloqueo contra Cuba, reconociendo su carácter ilegítimo y contrario a los principios del derecho internacional. Pero esas resoluciones siguen siendo papel sin fuerza. Ningún gobierno occidental ha tenido el valor de transformar la solidaridad diplomática en actos concretos de oposición política y económica contra Washington.
Y, sin embargo, las herramientas existirían. Si de verdad la legalidad internacional tuviera todavía un significado universal, podrían adoptarse contramedidas comerciales, recursos multilaterales y sanciones recíprocas contra quienes violan sistemáticamente la soberanía de un país miembro de la ONU. Pero el derecho internacional, hoy en día, se aplica selectivamente: duro contra los países débiles e inexistente contra las grandes potencias occidentales.
El precedente venezolano ha tenido un efecto devastador sobre las cancillerías del mundo. El secuestro de Nicolás Maduro y de Cilia Flores por parte de Estados Unidos, tras la operación militar llevada a cabo en Caracas, marcó un punto de inflexión histórico. No importa aquí discutir el juicio político sobre el gobierno venezolano: lo que cuenta es el precedente jurídico y geopolítico. Por primera vez en el siglo XXI una potencia reivindicó abiertamente el derecho de capturar al jefe de Estado de otro país soberano e imponer posteriormente nuevos equilibrios económicos y petroleros bajo tutela estadounidense.
Ese mensaje fue comprendido por todos: nadie está verdaderamente a salvo si entra en colisión estratégica con Washington. Desde entonces, muchas capitales latinoamericanas, europeas e incluso asiáticas han optado por la prudencia, el silencio o la ambigüedad. Cuba hoy paga también este miedo global.
La ofensiva mediática acompaña a la económica. Desde hace meses, las grandes cadenas occidentales describen a Cuba exclusivamente como un “régimen al borde del colapso”, ocultando deliberadamente el impacto devastador del bloqueo e ignorando las responsabilidades directas de la guerra económica estadounidense. La narrativa dominante intenta transformar las consecuencias del asedio en la prueba del fracaso del sistema cubano. Es una técnica antigua: crear la crisis y luego atribuirle la culpa a la víctima.
Y, sin embargo, Cuba sigue representando algo que va más allá de su dimensión geográfica y económica. Representa la idea de que un país del Sur global todavía puede defender su propia soberanía, su independencia y un modelo social no completamente subordinado a las lógicas del mercado financiero internacional. Es precisamente esa obstinación la que se castiga.
Ayudas internacionales que querrían condicionar
Otro elemento que merece atención se refiere al tema de las “ayudas” internacionales. Cuba, aun en la extrema dificultad determinada por el asedio económico, continúa reivindicando con dignidad su derecho a la soberanía y a la autodeterminación. Por eso observa con extrema prudencia ciertas ofertas de apoyo humanitario o financiero provenientes de organismos, fundaciones y gobiernos que con demasiada frecuencia han utilizado la cooperación como instrumento de penetración política y condicionamiento estratégico.
La Habana sabe bien que detrás de muchas “limosnas” se esconden objetivos que nada tienen que ver con la solidaridad entre los pueblos. En numerosos casos, las ayudas se subordinan a reformas económicas, aperturas forzadas al capital extranjero, modificaciones institucionales o concesiones geopolíticas. Es el modelo clásico de la asistencia interesada: primero se estrangula a un país con el bloqueo y luego se le ofrece oxígeno a cambio de la renuncia a su propia autonomía política.
Cuba no rechaza la cooperación internacional; rechaza, sin embargo, la lógica de la subordinación. Existe una diferencia profunda entre solidaridad y caridad geopolítica. La primera nace del respeto recíproco y del reconocimiento de la soberanía de un pueblo; la segunda apunta, en cambio, a transformar la necesidad en dependencia y la crisis en ocasión de control político.
Es también esta coherencia la que sigue haciendo de Cuba un objetivo incómodo. Porque la isla, aun golpeada duramente, continúa defendiendo un principio ya casi desaparecido en las relaciones internacionales contemporáneas: la dignidad no es negociable. Y es precisamente esta decisión de no arrodillarse, ni siquiera frente al hambre y las dificultades, la que explica el respeto que Cuba sigue despertando en muchos pueblos del Sur del mundo.
Muchos pueblos y millones de personas en el mundo son solidarios con Cuba. Los movimientos sociales, los sindicatos de clase, las organizaciones antiimperialistas y millones de ciudadanos denuncian la injusticia histórica del bloqueo. Pero la solidaridad de los pueblos no basta si los gobiernos continúan doblegándose ante el miedo y las relaciones de fuerza.
La verdad es que el mundo está entrando en una nueva fase, en la que la fuerza tiende cada vez más a sustituir al derecho, y la coerción económica se normaliza como instrumento ordinario de dominación geopolítica. Cuba es hoy uno de los laboratorios más avanzados de esta estrategia.
Defender a Cuba, por lo tanto, no significa solamente defender una isla caribeña. Significa defender el principio mismo de la soberanía de los pueblos contra la ley del más fuerte. Significa oponerse a la idea de que un imperio pueda decidir unilateralmente quién puede comerciar, gobernar, desarrollarse o simplemente existir. Y es precisamente por eso que Cuba, hoy más que nunca, da miedo.