La Revolución Ciudadana del Ecuador: alcances y limitaciones. Por Ricardo Patiño Aroca y Galo Mora Witt

LA SORPRESA DEL AÑO 2006

El año 2006, tras años de ignominia y entreguismo, un emblema izó la ilusión del pueblo ecuatoriano: nació la Revolución Ciudadana, para enfrentar el oprobio que la partidocracia, trust político que con sus taras aristocráticas, con la fusión de los capitales financiero, bancario, mediático, y su dominio absoluto sobre las instituciones de control y de administración de justicia, había devastado la moral y la quimera de cualquier transformación.

La derecha oligárquica no advirtió que aquellos hombres y mujeres se atreverían a escribir páginas inéditas en la historia contemporánea, basados en la línea ética de defender los intereses de la Nación. Así surgió la iniciativa, puesta en escena en la campaña electoral de 2006, de VOLVER A TENER PATRIA, premisa del aragonés Joaquín Costa y promovida en el Ecuador de los años cuarenta por el maestro Benjamín Carrión.

Con el liderazgo del compañero Rafael Correa Delgado, miles de voluntarios asumieron la tarea de organizar la esperanza. Sin recursos, sin patrocinios oscuros, sin pactos ni convenios subterráneos, el anhelo de cambiar las estructuras injustas tomó cuerpo en una campaña que invocó el legado del Libertador Simón Bolívar, de Manuela Sáenz, Antonio José de Sucre, Eloy Alfaro, y cuyo programa de gobierno, redactado sobre la base del aporte de más de cuatro mil compañeros, sacudió los cimientos del concepto de democracia. Sin redistribución de la riqueza, sin igualdad de oportunidades, sin respeto a las alteridades, era utópico hablar de democracia, y esas nuevas definiciones calaron profundamente en una ciudadanía que por primera vez era convocada a participar y no ser pasiva espectadora.

Tras la primera vuelta electoral, el enfrentamiento en el balotaje puso frente a frente no solamente a dos hombres que simbolizaban el antagonismo de clase y de intereses: el catedrático Rafael Correa vs. el magnate heredero y banquero Álvaro Noboa, sino que en sus programas de gobierno se exhibían las mayores contradicciones de la era contemporánea. De un lado la defensa de la soberanía, de la hegemonía del trabajo sobre el capital, de la supremacía del Buen Vivir, del Estado popular; en la otra orilla, la desgastada retórica de sometimiento al Fondo Monetario Internacional, el Estado aparente, la permisividad a la instalación de plataformas militares extranjeras, como la Base de Manta, entregada sumisamente a los Estados Unidos en 1999 por el gobierno demócrata cristiano, amén de la colusión de intereses con la banca y sus adláteres.

La victoria fue un campanazo histórico, y el 15 de enero del 2017 se posesionó el primer gobierno del Presidente Rafael Correa Delgado. Ese mismo día se empezó a urdir la conspiración y, a escondidas, la deslealtad y la traición.

1. ¿QUÉ PASABA EN EL ECUADOR?

Pese a nombres diversos y de distinto origen, instalados en la presidencia de la república; de organizaciones políticas en apariencia antagónicas; de disputas de tinte callejero en el Parlamento o enconadas rivalidades personales, la estructura del poder se mantuvo incólume durante las décadas posteriores al gobierno de las Fuerzas Armadas, encabezado en su etapa progresista por el general Guillermo Rodríguez Lara (1972-1976).

Las experiencias de la izquierda, atomizada, con visos de sectarismo en ocasiones propiciado por el establishment político, encontró una sola oportunidad de unidad en torno al Frente Amplio de Izquierda, a finales de los años ochenta. Los resultados electorales fueron magros, sin pasar la barrera del 5% de la votación, no obstante, la apariencia democrática revelaba cierta permisividad, precisamente porque las organizaciones de izquierda no amenazaban el poder político. Veremos cómo, más tarde, esa presunta tolerancia, presentada con la exótica vestimenta de pluralidad, no era más que una estratagema cosmética y funcional, porque cuando las fuerzas congregadas en torno al proyecto político de la Revolución Ciudadana alcanzaron el poder, se fraguó desde la social democracia, democracia cristiana, partidos de la derecha oligárquica, y, cuándo no, de corrientes ultraizquierdistas siempre sintonizadas con el status quo que les permitía, en gobiernos de la burguesía, prebendas sindicales o laborales, una alianza corporativa para cerrar filas en contra del proyecto transformador.

El poder financiero y bancario dominó la escena y las relaciones políticas, turnándose en el ejercicio de dominación desde aparentes antípodas, pero siempre en estrecha alianza con la oligarquía local y el poder supranacional del pentagonismo, como Juan Bosh adjetivó a la fase imperial de las últimas décadas del Siglo XX. Un proyecto político que tenía visos de nacionalismo y defensa de la soberanía fue liquidado de manera abrupta con la muerte del presidente Jaime Roldós Aguilera (1979-1981), en accidente aviatorio que jamás desvaneció la sospecha de ser, en realidad, un magnicidio planificado por los sectores más retardatarios de los grupos de poder local e internacional.

Desde el oligopolio y el feroz aparato represivo de León Febres Cordero (1984-1988), pasando por la presunta pulcritud del gobierno socialdemócrata de Rodrigo Borja (1988-1992), hasta el gobierno neoliberal de Sixto Durán Ballén (1992-1996), las políticas de ajuste se desarrollaron de manera progresiva, con impacto en la economía popular. Fue precisamente en el gobierno de Durán Ballén, con la estrategia económica dirigida por su vicepresidente Alberto Dahik, que el neoliberalismo entró de lleno en la escena nacional.

La política de relaciones internacionales, que había tenido momentos progresistas, como la negativa de Rodríguez Lara de recibir a Augusto Pinochet, fue desmarcándose de la aparente independencia y pasó a convertirse en eco y títere del funcionariado internacional dependiente de Washington. La dupla Durán Ballén-Dahik abriría el camino de la década infame, con la desarticulación del aparato estatal y su política de intervención y regulación económica. A partir del gobierno trunco de Abdalá Bucaram Ortiz, de apenas seis meses de duración, gobierno caracterizado por escándalos, faltas a la ética y hasta a la estética, se profundizó el camino de ilegalidades y afrentas a la ciudadanía.

Con la llegada al poder de Jamil Mahuad, representante de la Democracia Cristiana, ese gobierno, de espaldas al pueblo y hasta al Congreso Nacional, violando la soberanía nacional permitió la instalación de la Base de Manta, ocupada por tropas estadounidenses.

Otro elemento, desde la esfera económica, fue el desmantelamiento del Banco Central del Ecuador, creado a partir de la insurgencia revolucionaria de 1925. Al establecerse un modelo empresarial, el Banco Central fue debilitado en su función interventora y pasó a convertirse en mero administrador de recursos públicos consagrados al festín de los intereses privados. A ello se sumó el “feriado bancario”, despojo de los recursos privados y estatales que culminó en lo económico con la más grande crisis financiera y la desaparición de la moneda nacional y su emblema, el mariscal Antonio José de Sucre, y en lo social, en la mayor tragedia migratoria, con el destierro de más de dos millones de compatriotas empujados sin destino a la búsqueda de nuevos horizontes, lejos de su entorno, bajo la sombra del desarraigo, convertidos en extranjeros, parias y nómadas sin Patria.

El sometimiento al Consenso de Washington ilustró la sumisión del gobierno de Lucio Gutiérrez, ejemplo de traición a los intereses populares, quien llegó al poder gracias a un discurso nacionalista que expresaba cierta afinidad con la política soberana del Comandante Hugo Chávez Frías. Apenas posesionado, Gutiérrez, burdo y rampante, desafió a sus propios electores y enrumbó su gobierno al entreguismo al FMI y a las élites. Sus sucesores no fueron más que marionetas del poder instalado en las Cámaras de Industrias, Comercio y la égida de la banca.

2. LA REVOLUCION CIUDADANA

Legitimada por trece victorias electorales consecutivas, entre ellas cuatro presidenciales, en periodo que va desde 2006 hasta 2017, la Revolución Ciudadana impuso una dinámica socio-económica antagónica al juego de intereses de la oligarquía.

Recuperamos el rol del Estado en diversas áreas de las que se habían apartado los gobiernos del período neoliberal. El Banco Central y las instituciones públicas de control financiero, comercial, industrial, etc. dejaron de estar controladas por el sector privado y tuvieron una conducción con visión de país.

Esto permitió, por ejemplo, crear el Banco del Afiliado (BIESS), que significó inmejorables beneficios para los trabajadores y para el propio Instituto de Seguridad Social, y evitar que continuara el ilegitimo enriquecimiento logrado durante décadas por los bancos privados, que con la expedición de leyes y normativas, se beneficiaban -a través comisiones cobradas por las colocaciones en la banca extranjera- del manejo de una gran parte del ahorro de los fondos previsionales de los trabajadores, que eran depositados en dicha banca internacional.

Lo mismo podemos decir de los organismos encargados de definir y aplicar políticas públicas y de establecer regulaciones en el ámbito del comercio exterior, la política industrial, el transporte, las universidades, etc. Todos ellos, sin excepción, tenían cuerpos colegiados en los que, en la práctica, las personas y empresas que debían ser las reguladas, eran las que decidían las políticas públicas aplicables a ellas.

Volvimos a poner en vigencia la planificación nacional, a través de la consolidación de la Secretaría Nacional de Planificación – SENPLADES. Hacia la década 1950 se había creado la Junta Nacional de Planificación, pero paulatinamente este importante organismo fue derivando en una oficina de planificación sin ninguna importancia en el entramado institucional del estado.

Todo esto fue transformándose desde el inicio mismo del gobierno de la Revolución Ciudadana. La Constitución, aprobada mayoritariamente en un referéndum por el pueblo ecuatoriano, reivindicó el rol del estado para orientar a la sociedad con una visión de desarrollo de largo plazo, estableció la importancia de la planificación nacional y recuperó para el gobierno nacional elegido en las urnas la función de rectoría de las políticas públicas, así como la de redistribuir la riqueza nacional.

Resultados de las políticas del gobierno en favor de la población

• Logramos en la década un estado eficiente, desconcentrado y en proceso de descentralización. Esto explica en gran medida la reducción de la inequidad alcanzada ya no solo entre las clases sociales, sino entre las regiones del país. Todas las provincias, cantones y los pequeños poblados rurales han recibido competencias pero, especialmente, recursos para lograr su desarrollo económico y social. Combatimos decididamente el centralismo.

• Para tener verdadera independencia en este empeño, fue necesario que mantengamos alejados al FMI y Banco Mundial de lo que ellos consideraban eran sus competencias, esto es, dictar las medidas de política económica y social de nuestro país. La experiencia propia y la de países hermanos nos habían enseñado que todas sus “recetas” habían traído retroceso económico y desigualdad social para las mayorías.

• En la década de gobierno 2007-2017 se duplicó el tamaño de la economía, alentada por altas tasas de inversión privada nacional, pero también por un elevado nivel de inversión pública, que tuvo un promedio de 12% respecto al PIB, llegando en algunos años al 15%, tanto así que por primera vez en la historia, los representantes de la vieja partidocracia que había mantenido al país en la pobreza y el retraso, acusaron al gobierno de Rafael Correa de “exceso de inversión”. Logramos un crecimiento del empleo y la consecuente reducción del subempleo y el desempleo; este último indicador que se mantuvo alrededor del 4,5% a lo largo del período.

• Nuestro pueblo tuvo acceso gratuito y de calidad a los servicios de educación y salud gracias a políticas públicas y recursos invertidos en su infraestructura y equipamiento, sin precedentes en la historia del Ecuador. Miles de estudiantes han sido becados a las mejores universidades del mundo. Miles de ecuatorianos han salvado sus vidas con las políticas de salud. Tenemos los centros educativos y de salud que se ubican entre los mejores de la región.

• Garantizamos los derechos laborales y mejoramos sustancialmente los salarios de los trabajadores públicos y privados. Eliminamos la tercerización y la precarización laboral. Por primera vez el salario mínimo familiar alcanzó para adquirir la canasta básica de consumo, debido a que por una política de activa de redistribución de la riqueza, los salarios crecieron cada año más que la inflación.

• Teniendo en cuenta que en nuestro país las leyes se cumplían en función del poder de los grupos económicos y no de los derechos consagrados, era muy común que, incumpliendo la ley, los patronos no afiliaran a sus trabajadores a la seguridad social, y solo se establecían sanciones administrativas y pecuniarias. Para solucionar esto, el presidente Correa recurrió a una consulta popular y el pueblo ecuatoriano resolvió que la no afiliación al Seguro Social sería una infracción penal. Esta decisión gubernamental tuvo no solo un efecto redistributivo inmediato entre capital y trabajo, sino que mejoró sensiblemente la calidad de vida en el presente (especialmente por las atenciones en salud para el trabajador y su familia, accidentes laborales, créditos, etc.) y en el futuro, por los derechos a la jubilación. El resultado final fue que, mientras la población del país creció solo en el 15% en el período de gobierno, la afiliación de trabajadores aumentó en un 121% (de 1,4 a 3,1 millones de personas).

• Las trabajadoras no remuneradas del hogar, eufemísticamente llamadas “amas de casa”, a las que jamás se les reconoció su condición de creadoras de valor, consideradas en las estadísticas laborales de la teoría económica neoliberal como población económica “inactiva”, fueron incorporadas, bajo el amparo de la ley, a hacer uso de su derecho a la afiliación a la Seguridad Social. De la misma manera, por primera vez, se estableció el derecho a la Seguridad Social y a su amparo, a los marginados de siempre: trabajadores informales, vendedores ambulantes, canillitas, periodiqueros, transportistas autónomos, artistas, creadores, etc.

• En el caso de las trabajadoras remuneradas del hogar, adjetivadas peyorativamente como “empleadas domésticas”, o “criadas”, en realidad rezagos vivos del esclavismo, la afiliación no fue opcional, sino de carácter obligatorio, por la manifestación refractaria de sus patrones a cumplir con las disposiciones legales. Huelga decir que aquellas víctimas del racismo y la marginación, encontraron por primera vez el amparo del Estado. Debimos modificar la disposición legal por la cual aquellas mujeres, violentadas y agredidas, debían recibir solamente el 50% del salario mínimo de los trabajadores en general para pasarlo al 100%. Ese era el tamaño de la injusticia de las clases dominantes antes de nuestro gobierno.

• Se creó el Banco del afiliado a la Seguridad Social (Banco del IESS) que ha permitido el acceso a la vivienda a cientos de miles de familias trabajadoras, En este sentido, se rompió el mito de que una de las principales causas del subdesarrollo es la falta de ahorro nacional. Sí existía, pero este se depositaba, por el control de los banqueros sobre el gobierno, en la banca internacional con ínfimos rendimientos. Con nuestro gobierno, ese ahorro, se quedó en el país, generó bienestar (vivienda para afiliados), empleo y dinamismo económico, y un alto rendimiento para el IESS, 30 veces más que depositándolo en la banca extranjera (6,0% vs. 0,2%). Con esto, por supuesto, las pensiones jubilares mejoraron sustancialmente, a la vez que el Seguro Social tuvo los ingresos para construir infraestructura, de salud especialmente, y mejorar servicios. La trampa neoliberal, hoy proclamada desde las Cámaras, quedó desmentida y develada: mientras más afiliados, más ingresos y una adecuada inversión de los fondos, se alcanzan mayores servicios y beneficios para los afiliados, y mayor progreso para el país.

• Por primera vez en la historia las personas con discapacidad fueron protegidas y atendidas en las misiones Manuela Espejo y Joaquín Gallegos Lara, que abarcaron hasta el último rincón de la Patria, proyectos ideados e impulsados por el Presidente Rafael Correa Delgado. Hacia el año 2015, 72.197 personas con discapacidad acudían a centros educativos, frente a las 13.447 que lo hacían en 2009. Igualmente, 88.565 personas con discapacidad accedieron al trabajo frente a las 1.039 que lo hicieron en 2009.

• Declaramos, sin demagogia, que nuestro gobierno era el de los migrantes, y la prueba fehaciente de que no era una declaración retórica se puso de manifiesto en la efectiva protección ante los gravísimos problemas que enfrentaron: crisis hipotecaria en España, familias a quienes les fue arrebatada la tenencia de sus hijos en Italia, procesos de regularización en Estados Unidos, aprobación de la Ley de Movilidad Humana, etc.

• Hemos construido obras de infraestructura estratégica en diversos campos, alguna de ellas postergadas durante décadas por falta de voluntad política y por favorecer a poderosos grupos económicos. Era la hora de pensar en un modelo distinto que supere el primario exportador, y solo con obras de esa magnitud podía hacerse viable semejante aspiración. Vladimir Ilich Lenin, el verdadero, dijo alguna vez que el socialismo era la justicia más la electrificación; en nuestro caso, las hidroeléctricas han pasado a convertirse, como las vías, en la columna vertebral de un país que, por primera vez, puso sus ojos y antenas en el porvenir.

• A partir del 2019, el 90% de energía se obtendrá a través de generación renovable con la puesta en marcha de ocho hidroeléctricas construidas en el gobierno de Rafael Correa. Se construyeron obras para el control de inundaciones y beneficio de riego en 230 mil hectáreas, que evita la pérdida de vidas y propiedades a más de 320 mil habitantes de zonas rurales. La mayor inversión, del pueblo para el pueblo, hoy quiere ser revertida, en lo que llaman concesión, que no es más que la privatización del tiempo, la luz, el viento y el agua de todos.

• En la Constitución de Montecristi se estableció, por primera vez en la historia de la Humanidad, Derechos a la Naturaleza. Tampoco fue palabra muerta, porque en el año 2015 llegamos a tener un millón y medio de hectáreas de ecosistemas protegidas, es decir, diez veces más que en el 2008.

• Asumimos la decisión de enfrentar la seguridad de una manera integral, lo que implica el mejoramiento logístico, equipamiento de las fuerzas del orden, sistemas de vigilancia y monitoreo ciudadano, así como la transformación del sistema judicial y la rehabilitación social. Indicadores universales reflejaron la trascendencia y éxito de las políticas desarrolladas: la tasa de homicidios en Ecuador (por cada 100.000 habitantes) se redujo de 17 personas en el año 2000 a 6,4 en 2015; la transformación radical del sistema de justicia demostró, en cifras contundentes, la metamorfosis: los juicios sin sentencia se redujeron del 65% en 2008 al 34% en 2015; la caducidad de la prisión preventiva disminuyó de 2.061 a 7 casos en el mismo período. Redujimos a niveles mínimos el hacinamiento en centros de privación de libertad, interviniendo en 24 de ellos.

• Lo relatado en las páginas anteriores demuestra que la Revolución Ciudadana transformó de manera sustancial la infraestructura, mejoró los servicios públicos, convirtió en derechos y deberes, lo que antes eran dádivas y limosnas en ejercicios de fariseísmo político. El cumplimiento de esos derechos fue ejercido con rigor.

• No solo con rigor, sino con una amplia participación popular y ciudadana. Impulsamos la elaboración y aprobación de la Constitución de Montecristi del 2008 con una multitudinaria participación de la ciudadanía, que contribuyó activamente en la discusión y redacción de cada uno de los artículos de la Constitución. Pero, igual fue sucediendo con la mayor parte de las leyes emitidas en el período. Varias consultas populares para que el pueblo decida sobre temas fundamentales de la vida de la nación también contaron con la participación de los ciudadanos. Capítulo aparte merecen los gabinetes itinerantes, con regularidad mensual o quincenal, que acercaron tanto a las autoridades del gobierno con las autoridades locales y el pueblo a lo largo de todo el país.

• Se constituyeron algunas organizaciones gremiales que expresaron identidad con el proyecto político y muchas otras existentes respaldaron la filosofía y la acción del gobierno; sin embargo, en muchos casos (no todos), estas adhesiones se limitaban a la relación más o menos cercana entre las autoridades del gobierno y los dirigentes de dichas organizaciones sociales. Faltó un trabajo profundo y sistemático de concienciación política y de movilización, para alcanzar un verdadero y sólido compromiso con las políticas de transformación.

3. LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO AFECTARON A LOS GRUPOS DE PODER

Para realizar estas inversiones y alcanzar este ejercicio de derechos por parte de nuestro pueblo, hubo que tomar decisiones que significaron reducción de ingresos, privilegios y utilidades de los grupos de poder.

Sectores empresariales y la banca:

• Se realizó una auditoría de la deuda externa con lo cual el país ahorró 8.000 millones de dólares, valor que dejaron de recibir los tenedores de dichos bonos. Activamos la primera auditoría oficial de la deuda externa en el mundo, es decir, propiciada por el Estado. Al presentar públicamente los resultados, no solo se afectó a la naturaleza económica de la depredación, sino a su condición moral, por tanto, la declaramos no solo ilegal, sino inmoral e ilegítima. Denunciamos públicamente la colusión entre la banca nacional (sus representantes en los gobiernos anteriores), la banca transnacional, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que negociaron durante más de una década condiciones absolutamente desventajosas para los intereses del estado ecuatoriano, siempre a favor de la banca y el capital. Como consecuencia de ello, los tenedores de esa deuda, aceptaron recibir solamente el 30% de su valor, después de que el Presidente Correa anunciara que no estaba dispuesto a pagar la deuda en las condiciones en que fue pactada y renegociada.

• Se combatió la evasión y elusión tributaria a la que estaban acostumbrados muchos grandes empresarios: a diciembre de 2015 se recaudaron US$ 13.950 millones, casi 3 veces más de lo recaudado en 2006 (US$ 4.672 millones). Las prácticas ilegales, que habían alcanzado porcentajes inauditos, fueron combatidas con absoluto rigor y fue con las mismas leyes vigentes, que esta vez, por decisión y voluntad política fueron acatadas, que se lograron estos resultados. Ni acuerdos bajo la mesa, ni subterfugios legales pudieron impedir el acatamiento a la normativa del Servicio de Rentas Internas, como solía suceder antes del gobierno de la Revolución Ciudadana.

• Se implantó el impuesto a la salida de divisas.- El gobierno decidió aplicar un impuesto a la salida de divisas; de esta manera se limitó la especulación financiera internacional y se evitó la vulnerabilidad del sector externo de la economía, permitiendo incluso sostener la dolarización, pero le significó a los sectores dominantes una disminución considerable, de varios centenares de millones de dólares, en sus utilidades anuales.

• Se creó la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, una especie de superintendencia anti-monopolio, que se constituyó en una piedra en el zapato en contra de las acciones oligopólicas y monopólicas de las grandes empresas en su dinámica habitual.

• Se establecieron aumentos salariales mayores a la inflación. Esta es la más básica disputa entre el capital y el trabajo, en la cual el gobierno de la Revolución Ciudadana había tomado la decisión de reducir, en el corto y mediano plazo, la diferencia entre lo que recibe la clase trabajadora y el sector empresarial, del total de riqueza producida en el país.

• Se obligó a incorporar a todos los trabajadores remunerados a la seguridad social, decisión justa y legal que al tiempo que mejoró la calidad de vida de los trabajadores, significó un aumento de los costos laborales empresariales.

• Controles y regulaciones bancarias. Esto se constituyó en un cambio profundo respecto a lo que desde la década anterior sucedía en el país, ya que la Ley bancaria, aprobada en el gobierno neoliberal de Durán Ballén y Alberto Dahik, permitía la más absoluta discrecionalidad de la banca para hacer negocios, incluida plena libertad para establecer tasas de interés, tarifas por servicios, concesión de créditos vinculados, etc. El gobierno, incluso, dictó una medida que obligó a la banca a traer un porcentaje de los recursos de sus clientes depositados en bancos extranjeros para asegurar una mayor liquidez, y consecuentemente mayor disponibilidad para conceder créditos en el país.

• Como lo dijimos líneas arriba, los bancos perdieron el negocio de las jugosas comisiones por la colocación de recursos del sector público, en particular los fondos de la seguridad social, en sus matrices internacionales; los bancos no podían tener otros negocios y particularmente en los medios de comunicación, ámbito de defensa colectiva de sus intereses.

• La renegociación de contratos petroleros supuso una macro redistribución del más importante de los recursos estratégicos del Estado. Estimaciones oficiales indican que los “contratos de participación” que regían antes permitían que las transnacionales recibieran el 80% de los barriles extraídos, mientras que los nuevos “contratos de prestación de servicios” solo les permitieron recibir el 20%. El cambio afectó a las empresas transnacionales, pero también a sus empresas locales asociadas y los estudios profesionales que en algunos casos estaban dirigidos por autoridades estatales, evidenciando un vergonzoso conflicto de intereses.

Dueños de los grandes medios de comunicación

Los medios masivos de comunicación que habían manejado y manipulado al pueblo durante décadas, subvirtiendo sensibilidades y sentimientos e inculcando valores antiéticos, fueron por primera vez señalados, advertidos y finalmente sometidos a una ley. Durante dos años, a través de amenazas, morosidad parlamentaria o boicot, el mandato popular de la Consulta Popular de 2011 de expedir una ley de comunicación sufrió retrasos en su aprobación y ejecución. Finalmente fue instrumentalizada, lo que conllevó el inicio de la más férrea oposición, descarnado enfrentamiento entre el Estado y quienes, por su poder económico y político, habían puesto o derrocado gobiernos, además de haber ejercido las presiones para que su fáctico poder actuara desde las sombras, dictando la política económica y social durante los últimos cuarenta años.

Al establecerse la prohibición de tener otros negocios, lejanos al de la comunicación; no poder poseer más de un medio a nivel nacional y ser sujetos de control, réplica y sanciones, los propietarios de los medios iniciaron una guerra que hoy, ya con el beneplácito del gobierno de Lenin Moreno, ha subsumido al país a una sola orientación, una sola voz, en contradicción con su inveterada proclama de enfrentar a la Revolución Ciudadana por su presunto interés de convertir al país en la expresión unipartidaria. Nada más lejano a la realidad. La excesiva permisividad y el respeto a la opinión caracterizaron al proceso político liderado por Rafael Correa, más allá de la impronta confrontacional del Presidente, pero la intemperancia de las fuerzas retardatarias ha logrado imponer, a la manera goebbelsiana, una lectura epidérmica en la que la etiqueta y las formas han terminado por imponerse a la objetividad. Es quizá uno de los temas más complejos que deben ser tratados regional y continentalmente. Esa pancarta burguesa de “la libertad de expresión”, en realidad, “libertad de empresa”, representa el mayor desafío político de nuestro tiempo. Sin medios masivos y populares, alternativos eficaces, dinámicos y solventes en su estructura, será imposible enfrentar la mentira cotidiana, la falsificación y el artificio comunicacional. La prensa partidaria, ejemplar lucha de los años treinta y cuarenta del siglo pasado, en cualquier lugar del continente, no tuvo, en el caso del Ecuador, una sucesora digna y lo suficientemente poderosa para enfrentar a los pasquines elegantes y multitudinarios de la burguesía.

En el gobierno de la Revolución Ciudadana se crearon medios públicos, en prensa, radio y televisión, muchos de los cuales habían estado antes al servicio de los intereses del gran capital y en especial del capital financiero, pero la formalidad de sus diseños, el tiraje limitado, la falta de experiencia en la conducción de programas de televisión, por ejemplo, hizo que su influencia fuera muy limitada.

Quizá el arma más poderosa fue la creación del Enlace Ciudadano, espacio presidido por el Presidente Correa, quien a través de sus mensajes y rendiciones de cuentas de los días sábado, logró mucha aceptación, sintonía y compromiso. También fue el vehículo para informar sobre los Gabinetes Itinerantes, otra afortunada creación, gracias a la cual el Presidente y el gabinete ampliado se dirigieron a los más recónditos rincones de la patria para trabajar hombro a hombro con los ciudadanos, al tiempo que, sin intermediación, podían escuchar clamores y demandas. Es evidente que esa escuela innovadora de la educación política es una de las razones por las cuales hoy, desde las mismas plataformas por nosotros desarrolladas, además de los espacios multiplicados en los canales privados, seamos los destinatarios de la ofensa cotidiana.

En suma, los medios masivos de comunicación, pese a las regulaciones establecidas, se mantuvieron en las mismas manos, las de los mayores enemigos del proceso transformador de la década.

Fuerzas Armadas y Policía

Este es un tema que merece un tratamiento aparte. Por lo pronto debemos decir que todos los estamentos de la sociedad deben ser atendidos para lograr en ellos un buen ambiente laboral, remuneraciones justas, desarrollo personal, equidad y proyección institucional. La disciplina y la jerarquía en esas instituciones no tienen por qué estar asociadas a la extrema desigualdad, a la discriminación y peor a tratos que atenten a la dignidad de las personas. Varias medidas se adoptaron para corregir estos asuntos, como por ejemplo, mejorar las condiciones laborales, de equipamiento y de seguridad de los policías, mejorar las remuneraciones del personal de tropa de policías y militares, pero también limitar los excesivos privilegios de los oficiales del más alto grado, en especial para la etapa del retiro. La sustitución de los “canchones” en donde vivía el personal militar de tropa por habitaciones dignas fue también parte de los correctivos, así como prohibir la discriminación en el uso de los espacios públicos en los recintos militares y policiales.

Debemos estar atentos a la formación de ellos, la cual, además de los asuntos estratégicos, técnicos y operativos, también debe incluir formación en derechos humanos, en valores y en la comprensión del potencial rol histórico como aliados de los trabajadores y sectores explotados en su tránsito hacia una sociedad de justicia.

Gobierno norteamericano

Por una clara convicción patriótica, de respeto a los derechos humanos y la convicción de que el poder se lo debe ejercer con verdadera soberanía, fue necesario adoptar medidas, entre ellas:

• Cancelar la presencia de la base militar norteamericana en la ciudad de Manta

• Terminar definitivamente con la influencia del FMI y del Banco Mundial ante las autoridades ecuatorianas

• Renegociar una parte de la deuda externa al 30% de su valor, en momentos en que Ecuador no vivía una crisis económica o financiera

• Conceder asilo a Julian Assange

• Declarar persona non grata a la embajadora de Estados Unidos, Heather Hodges

• Expulsar al representante del Banco Mundial en Ecuador, Eduardo Somensatto.

• Expulsar al “grupo militar” de Estados Unidos (aparte del contingente de la base militar de Manta), el que funcionaba dentro de la embajada de ese país y que ilegítimamente sostenía vínculos directos con autoridades policiales y militares ecuatorianas

La llamarada de la soberanía tuvo su mejor centella al decretar la salida de la Base Militar de Manta; observar a los soldados norteamericanos desocupar, cabizbajos, las instalaciones inconstitucional e inmoralmente entregadas a los mismos, fue motivo de festejo nacional. Quizá no develamos, en medio de la fiesta, que ello significaba una afrenta que el imperio jamás perdonaría.

La política internacional soberana se expresó en otros ámbitos, como la más amplia diversificación de las relaciones diplomáticas y comerciales con los estados sin aceptar imposiciones, el apoyo a la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, el apoyo a la autodeterminación del pueblo cubano y la condena al bloqueo de Estados Unidos, el apoyo a las políticas de fraternidad impulsadas por Cuba y Venezuela; por la constitución de UNASUR y CELAC; la creación Banco del Sur, que estuvo a punto de abrir sus puertas justo cuando ganó las elecciones en Argentina Macri, y lo hizo abortar; entre otras importantes decisiones soberanas.

4. AUTOCRÍTICA, Y QUÉ FALTÓ POR HACER

Es posible que hayamos pecado de ingenuos al no haber dedicado suficientes esfuerzos y recursos para prepararnos ante la reacción que deberíamos haber esperado de esos grupos de poder nacional e internacional afectados por nuestra política económica, social e internacional en favor de nuestra Patria y de nuestro pueblo.

Aunque analizamos internamente los posibles riesgos de la reacción que provendría de los grupos de poder afectados por las políticas públicas mencionadas, en la práctica debemos reconocer que llegamos a admitir que ellos respetarían los alcances de la aplicación de dichas políticas públicas. Derrochamos mucha ingenuidad.

Como sucedió con otros gobiernos hermanos, el gigantesco esfuerzo que significó el ejercicio del gobierno, no solo para la preparación y ejecución de las políticas públicas, sino también para contener y doblegar las reacciones que ejercían en cada momento los grupos de poder afectados, distrajo lo que era indispensable para dar sostenibilidad al proyecto que íbamos construyendo día a día.

Entonces sucedió que trasladamos a los más destacados dirigentes del partido político (llamado movimiento Alianza PAÍS) al equipo de gobierno, lo que finalmente terminó haciendo que el partido perdiera su importancia y se concentrara en gran medida a activarse para enfrentar los procesos electorales o necesidades de movilización de coyuntura.

El partido contribuyó significativamente a los resultados del gobierno de la Revolución Ciudadana, particularmente al convertirse en una fenomenal fuerza electoral que ganó todas las elecciones y consultas populares de la década y al haberse constituido en un espacio de apoyo a las acciones del gobierno cuando era requerido su acompañamiento.

Pero debemos reconocer que:

• dejamos la conducción del proyecto político en manos de los funcionarios del gobierno y del estado (que no siempre ni en todas las instancias eran miembros del partido o no tenían una militancia orgánica);

• en este sentido, permitimos que el gobierno sustituyera al partido en una de sus más importantes responsabilidades, esto es la conducción estratégica y táctica del proyecto revolucionario;

• no logramos consolidar una sólida organización partidaria, ampliamente democrática, deliberativa, disciplinada, con iniciativa y acción política permanente, que debatiera sobre la coyuntura y los objetivos de mediano y largo plazo;

• no tuvimos, como partido, una presencia activa y militante en las calles impulsando y respaldando las políticas de beneficio social, así como cumpliendo el papel crítico y autocrítico, que permitiera corregir los errores en el diseño y/o ejecución de las políticas públicas;

• finalmente no logramos constituir un potente polo de articulación popular y ciudadano que se convirtiera en resguardo de los logros alcanzados y que promoviera la consolidación y radicalización de los mismos.

La formación política ocupó un lugar secundario, al haber ubicado en el gobierno a los cuadros más capaces, mientras el Movimiento era relegado a un plano coyuntural. Esto se debió, en gran parte, al hecho de haber obtenido el poder antes de que el Movimiento cobrara fuerza, organización y estricto sentido de estructuras barriales, comunitarias, parroquiales, cantonales y nacionales. La acción política y la ilusión movilizadora fue afectada por una extraña vecindad entre Gobierno y Movimiento. El acompañamiento a las demandas de la sociedad y de los ciudadanos, así como a las organizaciones y sectores populares beneficiarios de las políticas públicas, fue confiada a ministerios y secretarías y no a la organización política; la relación con otras organizaciones, particularmente gremiales, fue perturbada por incomprensiones de ambas partes respecto al rol que debían jugar en el proceso social de transformación.

Adicionalmente, a pesar de que impulsamos adecuados contactos y diálogos con muchas organizaciones sociales, sin embargo no logramos consolidar los mismos en una política de alianzas que lograra que dichas organizaciones asumieran como propio el proyecto político como tal. Debimos lograr que todos ellos, los trabajadores remunerados, los campesinos, educadores, trabajadores de la salud, trabajadoras remuneradas del hogar, artesanos, pescadores, comerciantes minoristas, trabajadores autónomos, comprendieran que la consolidación, en el mediano plazo, del proyecto de la Revolución Ciudadana, mejoraría la calidad de vida de ellos, de sus familias y de su sector. Incluso una gran parte de las y los beneficiarios de los extraordinarios programas sociales que impulsamos no fueron adecuada y sistemáticamente organizados y formados políticamente.

Un sector que merece un trato especial es el de la juventud. El fallo aquí también tuvo que ver con la alta dedicación a “las tareas de gobierno”, sin embargo, debemos reconocer que no diseñamos y peor impulsamos un trabajo organizativo para conseguir que la juventud asumiera su rol de activo impulsor de las acciones revolucionarias, como el apoyo a los programas sociales, trabajo voluntario, proyectos artísticos, deportivos, ambientales, atención a los problemas propios de los jóvenes, como los vinculados a la educación, el problema de las drogad, etc.

En términos de las relaciones de poder económico, nos hizo falta consolidar dicha alianza con los sectores de la economía popular y solidaria, de la pequeña y mediana empresa, con los transportistas, las organizaciones de las finanzas populares, etc., etc. Y en todos estos casos, no solo con los dirigentes de las organizaciones, sino con los productores y emprendedores, directamente, en su territorio.

Mark Twain, quien decía: “Al principio de un cambio, el patriota es un hombre escaso y valiente, odiado y despreciado. Sin embargo, cuando su causa tiene éxito, el tímido se le une, porque entonces ser patriota ya no cuesta nada”. Quizá en la frase de Twain encontremos al menos una razón para el desdeño del que la Revolución Ciudadana ha sido objeto por sectores importantes de la población. No haber contaminado, en el mejor sentido, de una voluntad creadora y creativa al pueblo, cuya participación en muchos aspectos se ciñó a ser beneficiaria muda de conquistas económicas y sociales.

No tuvimos la suficiente claridad para establecer la diferencia entre utopía y pragmatismo y la trampa que se esconde tras las definiciones de izquierda y derecha, que muchas veces no convoca a la ciudadanía a establecer las profundas diferencias conceptuales, y solo registra su mejoría en la calidad de vida y de los servicios.

No generamos los debates suficientes, en lenguaje popular, de la diferencia entre la sociedad de los singulares que pregona la derecha y la de los comunes y diversos que pregona la izquierda. En el origen y en la base del ser de izquierda se encuentra esta actitud ética de resistencia y rebeldía frente al modo capitalista de la vida civilizada, escribía Bolívar Echeverría.

No diseñamos, con rigor y exactitud, una nueva forma de comunicación, que vaya más allá del mero hecho de informar los logros, sino que se convierta en herramienta para identificar la infamia, la usura, la basura o las balas que las empresas de comunicación vierten todos los días para desacreditar líderes, programas y proyectos.

5. EL PRESENTE

Hoy la Patria vive horas oscuras. Esas tinieblas desorientan, pueden hacer perder la brújula, equivocar el camino, desviarse del destino. Y esa oscuridad también duele, porque llega después de una década de claridad, esa que nos hizo recuperar la soberanía, la fe, la alegría y la esperanza.

Esta opacidad no es consecuencia de un desastre natural, sino de la naturaleza perversa de quienes se enquistaron en nuestras propias filas, y que, posiblemente debido a un exceso de confianza o generosidad, quizá hasta de candidez, con camuflajes diseñados desde hace mucho tiempo, forjaron el mayor simulacro político que recuerde la historia contemporánea del Ecuador. El presidente Moreno Garcés es la figura emblemática de la traición, y junto a él, quienes, por presunta determinación histórica y falsario mesianismo, se aliaron a las fuerzas oligárquicas y antipatrióticas, las que con el objetivo de desmantelar el Estado Popular y regresar al peor ejercicio de la partidocracia, arrastraron a los desleales a esa conspiración urdida entre la felonía, la vanidad y el rencor.

Con la estrategia del Caballo de Troya, se infiltraron en la Revolución Ciudadana, y la victoria electoral del 2 de abril del 2017, lograda solamente gracias a la lucha de los pobres de la Patria, de los profesionales, de los militantes de base de cada rincón del país, de artistas e intelectuales, de obreras y campesinos, estudiantes, indígenas y empleadas, de la clase media patriótica, de soldados y policías justos, fue usurpada, violentada y usada por esos impostores, que usaron disfraces adecuados, falsos discursos de gratitud y hasta ensalmos melosos que escondían su verdadero rostro: el de los traidores. Quizá ya habíamos olvidado que detrás de cada lisonja se esconde una traición.

Debían hacerlo así, ya que con su verdadero rostro jamás lo podrían lograr. Nuestro pueblo se jugó literalmente la vida para derrotar a la crápula bancaria, al poder oligárquico, a los inquisidores de nuestro tiempo. En este juego teatral, fuimos sorprendidos, porque los buenos seres humanos podemos estar preparados para dar batalla a los adversarios y enemigos, pero no para la artera puñalada por la espalda. Se puede demandar de nosotros una lectura histórica más profunda, menos ingenua, pero siempre creímos que la confianza en el ser humano, más aun en aquel que pregona a los cuatro vientos su fidelidad, debía conducirnos por una senda de ética, de compromiso, de creer en la palabra, de honrar esa palabra.

No es, sin embargo, solamente la usurpación o buena actuación de los impostores. Es también nuestra responsabilidad. Muchas veces desoímos alertas y llamados de atención de las bases; no estuvimos sintonizados con demandas organizativas urgentes; confiamos, por inercia, en que la voluntad y el tiempo se harían cargo de lo que nosotros debíamos hacer. Las fracturas al interior de la organización se debieron también a olvidos, marginaciones, desdeños, y esas conductas nos han pasado factura. El proyecto de los Comités de la Revolución Ciudadana, intento promisorio y fallido, con el que debíamos proteger las conquistas revolucionarias, se esfumó en medio de convocatorias electorales, promesas no cumplidas, desatenciones. La contrarrevolución se expresó de manera brutal el 30 de septiembre de 2010 con el intento de golpe de Estado y magnicidio, y fue la oportunidad excepcional para rehacer la capacidad organizativa, el momento en que todo un pueblo se volcó a las calles a defender la construcción democrática. El proceso salió airoso, pero la organización empezó a diluirse, a sucumbir en un marasmo de pequeñas hazañas.

Más grave aún, para el aparato propagandístico y organizacional fue la derrota parcial de las elecciones seccionales de 2014. Solo un año después del abrumador triunfo presidencial de 2013, en el que el Presidente Correa fue reelegido en primera vuelta con el 58% de los votos contra el 22% del candidato de la banca. La pérdida en bastiones como Quito, Guayaquil y Cuenca supuso no un remezón, sino una cadena de incongruencias, falsas alianzas, remedos de coaliciones, con más interés en los resultados electorales que en el robustecimiento ideológico y la práctica política en cada rincón del país.

Hoy es hora de enfrentar valientemente a la felonía, perfidia e ingratitud. Y lo haremos como siempre, con nuestra fe en la Revolución Ciudadana y sus principios. La auténtica lucha contra la corrupción en todas sus formas, empezando por denunciar a la traición, que es, desde inicios de la historia, la forma más ruin con que la corrupción se presenta. Los treinta denarios de Judas son ahora ministerios, prebendas, cargos o silencios. Es también la institucionalización de la mentira, que, como diría Miguel de Montaigne, es el ejercicio de ir contra la propia conciencia.

Pero venceremos a las tinieblas. José Ingenieros decía: sin la sombra ignoraríamos el valor de la luz; sin la contrarrevolución probablemente la Revolución tendería a aburguesarse y pastar en laureles y olvidos; sin el virus infeccioso de los troyanos no podríamos crear los anticuerpos de coraje, dignidad y valor para enfrentarlo. También es hora de inventariar nuestros errores, los excesos de confianza, y hacia adentro desarrollar la autocrítica que nos lleve no solo a depurar las filas, sino a limpiar el alma.

Fidel decía que a los revolucionarios hay que contarlos dos veces: en las buenas para saber cuántos son y en las malas para saber cuántos quedan. Este será un nuevo tiempo de combate contra el odio, sin desmoralizarnos jamás, y contaremos con la valentía de todos quienes han resistido ante la extorsión y las amenazas.

Con el valor y la entrega del pueblo, sencillo en su cotidianidad, gigante en su esperanza; con la devoción de las mujeres de la Patria, con martillos y lienzos, guitarras y mandiles, la Revolución Ciudadana continuará con la transformación del país. Vamos a luchar como el primer día. Recorreremos plazas, caseríos, barrios, con una renovada apuesta de dignidad. Con la Constitución en la mano, para evitar que sea atropellada cada instante, con la frente alta y el orgullo de ser PATRIOTAS, crearemos una nueva ronda de fraternidad y esperanza.

– Ricardo Patiño Aroca: Economista. Fundador de Jubileo 2000 – Red Guayaquil; fundador y primer secretario ejecutivo del Movimiento Alianza País 2006-2010; Canciller, ministro de Finanzas y ministro de Defensa del Ecuador en el gobierno de Rafael Correa; actualmente dirigente nacional del Movimiento de la Revolución Ciudadana.

– Galo Mora Witt: Escritor, Antropólogo y Músico; ministro de Cultura 2008; secretario particular del presidente Rafael Correa (2019-2010); segundo secretario ejecutivo del Movimiento Alianza País 2010-2014; embajador del Ecuador ante la UNESCO 2015-2018.

Fuente: ALAI